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CITARON A INDAGATORIA A LA EX SECRETARIA DE DEPORTES CINTIA RAMÍREZ POR LOS GIROS DE PLATA DEL ESTADO A SLFC Y LA COMPRA DEL COLECTIVO

El juez de Garantía, Marcos Flores Leyes formalizó el llamado para el miércoles 28. Fue denunciada por malversación de fondos y defraudación, entre otros delitos.

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  Radio Rivadavia

La ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez fue citada a indagatoria por la Justicia para la formulación de cargos en una de las causas por las que se la investiga: los giros discrecionales que hizo desde el Estado provincial como funcionaria a San Luis Fútbol Club que ella presidía y la irregular compra de un colectivo.

El llamado para que acuda a Tribunales fue formulado por el juez de Garantía N° 4, Marcos Flores Leyes, y tiene como fecha el 28 de febrero por la mañana. Inicialmente la audiencia había sido fijada para el 14, pero luego se estableció que sea el último miércoles de este mes.

La ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá es investigada por malversación de fondos públicos y posibles delitos como defraudación al Estado, peculado y negociación incompatible con la función pública.

Uno de los puntos centrales que tiene en cuenta la denuncia radicada por la Fiscalía de Estado, es cómo disponía de recursos a favor del club que ella presidia a través de, no solo de la cartera que encabezaba, sino del Ente de Deportes que también la tenían como máxima autoridad. Cumplía tres roles a la vez.

Puntualmente se detiene en las 276 transferencias concretadas desde 2022 hacia la institución deportiva y que superaron los $166.612.164,13 (algunas se hicieron antes que obtenga la personería jurídica).

Según la propia presentación del fiscal de Estado, Víctor Endeiza, Ramírez “instrumentalizó su posición para llevar a cabo un esquema destinado al desvío de fondos públicos, con el propósito de favorecer económicamente y financiar” al club.

“Este proceder, en apariencia lícito en su presentación formal, encubría una artimaña ilícita destinada a privilegiar intereses particulares en detrimento de los recursos estatales”, puntualiza la denuncia.

A esto se le agrega la compra de un bus a pocos días de concluir su gestión por un total de $290 millones, trámite que duró solo un día “levantando interrogantes sobre la regularidad y transparencia del proceso”.

Aquí, la Fiscalía plantea dos irregularidades.

La primera es que fue adquirido a la empresa Sematur SRL, que, si bien está constituida legalmente, su actividad registrada ante la AFIP consiste en la prestación de servicios de transporte automotor turístico de pasajeros pero nada tiene que ver con la venta o adquisición de vehículos.

Y la segunda es que el valor de mercado del vehículo cero kilómetro es de $270 millones, mientras que Ramírez lo pagó por más y el que adquirió es modelo 2018, por lo que hay un “claro sobreprecio”.

Además, la denuncia da cuenta que la ex funcionaria presentó de manera tardía una nota de excusación en el expediente de pago del vehículo, justo días antes de concluir su mandato. “Parece ser una estrategia tardía para desvincularse de las posibles consecuencias legales de sus actos. Sin embargo, la continua intervención en contratos y operaciones en las que se beneficiaba directamente, en franca violación de sus deberes como funcionaria”, agrega.

“La utilización de la secretaría de Deportes durante casi dos años como una fuente de financiamiento personal, al margen de sus responsabilidades públicas, subraya la gravedad de la conducta y la necesidad de una respuesta judicial contundente”, completa.

Ramírez también es investigada por otro posible ilícito: está acusada de violación de los deberes de funcionario público por los adelantos que pagó por movimientos de suelo y un alambrado olímpico en la Universidad de La Punta (ULP).

El Gobierno la denunció porque siete días antes de finalizar su administración, giró $88.270.000 millones a una empresa por fuera del marco legal en concepto de adelanto financiero.

Entre el 1° y el 6 de diciembre, Ramírez y el entonces secretario general de la Gobernación, Miguel Berardo destinaron $152 millones para hacer el movimiento de suelos y levantar un alambrado de dos futuras canchas en la ULP.

Sin embargo, en una recorrida por el predio donde iban a estar ubicadas, en la Universidad de La Punta, verificaron que sólo se concretó el movimiento de suelo.

 

 

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