DENUNCIARON A EMILIANO BLANCO, EX SECRETARIO DE LAS JUVENTUDES, POR EL ROBO DE CUENTAS INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES


El ex secretario de las Juventudes del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Emiliano Blanco, fue denunciado por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público a raíz de la apropiación indebida de cuentas oficiales de redes sociales pertenecientes a dicha secretaría.
Esas cuentas institucionales en redes sociales, que son propiedad del Estado y se financiaron con fondos públicos, fueron apropiadas para ser utilizadas en un emprendimiento privado, el medio de streaming “Tuki TV” luego de que el anterior gobierno finalizara su gestión.
La maniobra fraudulenta fue advertida por usuarios que detectaron la reconversión de las cuentas institucionales, que antes servían para la comunicación oficial de la Secretaría de las Juventudes y ahora son explotadas con fines comerciales sin ninguna autorización.
Blanco ha sido denunciado por peculado, delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal que establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para los funcionarios que sustraigan bienes del Estado con fines particulares.
La denuncia se fundamenta en que estas plataformas fueron alimentadas con dinero de las arcas públicas, incluyendo campañas, publicidad y gestión de contenidos, lo que configura un claro uso indebido de bienes del Estado.
Pero al ex funcionario de Rodríguez Saá también se lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes dicten o ejecuten resoluciones contrarias a la ley con penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación de uno a seis años.
Claro que la denuncia no solo señala el robo de estas cuentas institucionales en redes sociales. También se sospecha que los equipos utilizados para la producción de «Tuki TV» fueron adquiridos con fondos estatales y sustraídos antes del traspaso de gobierno. Esto agravaría la situación de Blanco, ya que podría implicar nuevas imputaciones en su contra.
La investigación en marcha ya requirió datos técnicos muy precisos que permitirán conocer quiénes están detrás del uso de esa cuenta del Estado Provincial. En los próximos días la Justicia deberá determinar las responsabilidades y disponer de las medidas cautelares para evitar que Blanco continúe usufructuando bienes que pertenecen al Estado provincial y los ciudadanos de San Luis.
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