EMPEZARON A NOTIFICAR A LOS PRIMEROS FUNCIONARIOS QUE DEBEN REALIZARSE EL NARCOTEST Y SE VIENE OTRO SORTEO
El examen se hará este viernes a partir de las ocho en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).


Hoy se está realizando la notificación de los primeros 60 funcionarios, de los tres poderes del Estado, que deberán hacerse este viernes 7 a partir de las 8 el análisis toxicológico, según lo establece la Ley de Ejemplaridad y Coherencia.
“La Ley de Ejemplaridad y Coherencia obliga a la totalidad de los funcionarios públicos de la provincia a realizarnos este tipo de análisis para la detección del consumo de drogas ilegales o el consumo excesivo de drogas legales, aspectos técnicos que en la medida de vuestro interés los va a explicar el decano”, reiteró el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Sebastián Andújar durante una conferencia de prensa en la que informaron sobre la comunicación a quienes debe pasar por el testo en esta primera intancia.
Ayer en la Caja Social, se hizo el sorteo para determinar quiénes son los primeros 60 funcionarios del Estado Provincial que van a concurrir a someterse a los análisis toxicológicos. Cuarenta y seis pertenecen al Poder Ejecutivo, 12 al Poder Judicial y 2 al Poder Legislativo. Todos están siendo notificados este jueves.
“El sorteo es al solo efecto de determinar en qué orden vamos a ir al laboratorio de la Facultad, que está ubicado en Rivadavia 1359, entre España y Tomas Jofré, para la toma de las muestras de orina. Somos 1.640 personas en todo el territorio provincial que estamos obligadas a hacer este análisis”, señaló el funcionario.
La próxima se realizará el sorteo y el estudio a otros 180 funcionarios.
El costo de cada uno de estos análisis es soportado por cada uno de los funcionarios públicos. “Distinto va a ser el caso cuando esto se aplique a los integrantes de la Policía de San Luis, el Servicio Penitenciario o el ministerio de Salud, en cuyo caso el costo va a ser afrontado por el Gobierno de la Provincia”, explicó.
La negativa a concurrir a someterse al análisis es considerada por la ley una falta grave, en la medida en que la persona no justifique debidamente el motivo de la inasistencia, aseveró. “Si uno de los 60 funcionarios que están siendo notificados en el día de hoy se encuentran en este momento prestando una función oficial, por ejemplo, en Buenos Aires, está debidamente justificada su inexistencia el viernes. Ahora, si un funcionario no justifica debidamente su inasistencia, es considerada una falta grave y existe solo la posibilidad de ser incluido en un próximo sorteo. Si en el próximo sorteo sale elegido y no va a la toma de la muestra, allí se aplican las sanciones establecidas por la ley”.
En el caso de quienes integran el Poder Ejecutivo, se dicta el decreto de cese de funciones en el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial, se comunica la situación, por parte de la Autoridad de Aplicación, al Jurado de Enjuiciamiento. Y en el caso del Poder Legislativo, a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura.
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