PRORROGARON LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA PAREJA QUE VENDÍA CERTIFICADOS MÉDICOS TRUCHOS A EMPLEADOS PÚBLICOS
José Augusto Toledo y Paola Valeria Tonelli pasarán otros 30 días en el Servicio Penitenciario Provincial. La tercera imputada, Graciela Apaza Señani, seguirá firmando el libro de imputados en libertad. Además se ordenó el tratamiento por adicciones de la
José Augusto Toledo y Paola Valeria Tonelli, la pareja que vendía certificados médicos truchos a empleados públicos, seguirán detenidos por 30 días más. Así lo decidió la jueza, Daniela Benenati, subrogante del Juzgado de Garantías N°2, en una audiencia que se realizó este viernes por la mañana, al vencer el plazo de la prisión preventiva ordenada desde el año pasado. Están imputados por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados y defraudación a la administración pública.
Para la tercera imputada, Graciela Apaza Señani, también imputada por asociación ilícita y falsificación, se extendió la medida morigerada de firma del libro de imputados por 30 días.
Toledo y Tonelli llevaban adelante una maniobra por la que cobraban y emitían certificados y aptos médicos falsos para agentes de la administración pública provincial. La Fiscalía de Estado remarcó durante la investigación que era una operatoria aceitada, en la que actuaban desde su domicilio y utilizaban un delivery.
En la audiencia por la prórroga de la medida de coerción estuvieron el Fiscal de Instrucción N°3 Esteban Roche, la fiscal adjunta María Quiroga Nassivera y como querellante el jefe de la sala penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón. Del lado de la defensa de la pareja detenida, el abogado Gustavo Farías, mientras que la tercera imputada fue representada por Héctor Zabala Aguero.
Roche solicitó 60 días de prisión y adelantó que ya pidió la elevación a juicio, imputando a Tonelli y Toledo por falsificación, asociación ilícita y al segundo además por defraudación a la administración pública. Justificó que debían continuar presos ya que atraviesan la etapa intermedia de la investigación.
“Estamos en el inicio de la etapa intermedia. La Fiscalía ya firmó el pedido de elevación a juicio y fijando calificación legal de los delitos a los imputados con un pedido de pena de 5 años de prisión. Es necesario reforzar las medidas cautelares”, remarcó.
A su vez, apuntó que en un principio se les había ordenado una medida morigerada, la firma del libro de imputados en septiembre del año pasado. Pero en un allanamiento realizado en noviembre de 2024, se notó que continuaban con los delitos. “Los riesgos procesales se siguen manteniendo. Existe un peligro de fuga, considerando la conducta de los imputados. Continuaron con su conducta delictiva, por lo que se pidió una medida más gravosa”, dijo.
La audiencia de prórroga estuvo a cargo de la jueza Daniela Benenati, subrogante del Juzgado de Garantías N°2.
“El Tribunal de Impugnaciones ha dicho en otras causas, que una vez que la Fiscalía ha hecho requerimiento de elevación a juicio, las medidas deben reforzarse”, agregó. Por esto considero que en 60 días la causa ya podría ser llevada a juicio con la correspondiente audiencia de control. Pidió la medida morigerada de firma de libro en el mismo plazo para Apaza Señani.
La Fiscalía de Estado coincidió en lo propuesto por Roche. “El modus operandi de los imputados, la acción la hacían dentro del domicilio. La única forma que puede evitar que sigan delinquiendo es la aplicación de esta medida. Esta gente frente a un juez, aún así continuó delinquiendo”, manifestó Calderón Salomón.
“Estas personas son adictas, no es que han atrapado a dos personas maestras del delito”
Farías para defender a la pareja hizo énfasis en que sufren una dura adicción a las drogas y que en el Servicio Penitenciario Provincial no pueden recibir el tratamiento adecuado. Por eso propuso prisión domiciliaria en la vivienda del padre de Toledo y de traslado a Mendoza a un centro de adicciones a Tonelli, algo que fue rechazado.
En principio recordó que la falsificación de documentos tiene una pena de 6 meses a 3 años. “No corresponde la calificación. Vamos a acreditar la absoluta inocencia de nuestros defendidos. El plazo de 60 días es arbitrario e ilegal, ya no hay más pruebas que ofrecer”, aseguró.
Y ahondó en la enfermedad que sufren sus defendidos. “Estas dos personas son adictas, dejarlos encerrados, es agravar más su estado. Las conductas que han tenido es porque son enfermos. No es que han atrapado a dos personas maestras del delito. Fui a la casa y vivían en indigencia, si había rédito económico no se vio. Crucificar a estas personas extendiendo la prisión preventiva, deviene en un acto inhumano”, consideró.
Zabala Aguero no se opuso a la extensión de su medida de coerción de su defendida.
La jueza interrogó a la fiscalía y a la defensa sobre qué asistencia reciben por sus adicciones, a lo que Nassivera indicó que se obró un oficio para que el Servicio Penitenciario Provincial le brindara asistencia, aunque no pudo precisar qué tipo de ayuda se les otorgó. En este sentido pidió que la Fiscalía oficie para la intervención al Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) y en una decisión intermedia para ambas partes, ordenó que la preventiva sea de 30 y no 60 días como había pedido la fiscalía y coincidido la querella.
La tercera imputada Graciela Apaza Señani seguirá firmando el libro de imputados.
Por Leonardo Kram
PRORROGARON LA PRISIÓN PREVENTIVA A LA PAREJA QUE VENDÍA CERTIFICADOS MÉDICOS TRUCHOS A EMPLEADOS PÚ
