La Fiscalía sostiene que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner utilizaron empresas inmobiliarias y hoteleras para incorporar a su patrimonio fondos de origen ilícito. Según la acusación, el 88? la facturación de Los Sauces provenía de operaciones con firmas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes con una acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios involucrados en las operaciones comerciales con las sociedades de la familia. La Fiscalía sostiene que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner encabezaron una organización que utilizó alquileres de propiedades y negocios hoteleros para incorporar a su patrimonio dinero de origen ilícito.
“Hubo una compleja maniobra de corrupción” que se extendió durante más de doce años y permitió sustraer fondos públicos por millones de pesos, sostiene el requerimiento elaborado durante la investigación por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, cuya lectura comenzó en los tribunales de Comodoro Py.
La acusación atribuye a Cristina Kirchner un papel central en el funcionamiento del supuesto esquema. Según el dictamen, la ex presidenta “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” mediante la sociedad Los Sauces, constituida junto a su esposo y su hijo.
El Ministerio Público sostiene que la estructura permitió canalizar dinero proveniente de empresarios que mantenían vínculos comerciales con el Estado nacional, a través de contratos de alquiler de inmuebles y operaciones hoteleras.
Los alquileres bajo sospecha y los millones que recibió Los Sauces
Uno de los principales ejes de la acusación es la utilización de contratos de alquiler que, según la Fiscalía, fueron simulados para transferir dinero a la familia Kirchner.
Entre enero de 2009 y marzo de 2016, Los Sauces facturó alrededor de 25 millones de pesos por el alquiler de propiedades. De ese total, el 88% correspondió a operaciones comerciales con empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo.
Para los investigadores, esa concentración de ingresos constituye uno de los elementos que permiten sostener que la sociedad funcionaba como un mecanismo para incorporar fondos de procedencia ilícita al patrimonio familiar.
La acusación señala que las empresas de Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa alquilaron propiedades de Los Sauces en Puerto Madero, entre ellas un dúplex con cinco cocheras y un departamento con tres unidades complementarias.
Por esas operaciones, las firmas vinculadas a ambos empresarios pagaron poco más de 18 millones de pesos.
En paralelo, el grupo de Lázaro Báez habría canalizado otros cuatro millones de pesos mediante operaciones con la sociedad de los Kirchner.
Según el requerimiento fiscal, se trató de contratos destinados a alquilar propiedades que resultaban innecesarias para los grupos económicos involucrados y que permitieron transferir ganancias a los expresidentes y su familia.
La Fiscalía describió el funcionamiento como un “engranaje permanente de lavado de activos” mediante el cual se incorporaba dinero presuntamente ilícito al patrimonio de los Kirchner.
El rol atribuido a Néstor, Cristina y Máximo Kirchner
La acusación sostiene que cada integrante de la supuesta organización cumplió una función para concretar las operaciones investigadas.
“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, señala el dictamen.
De acuerdo con esa hipótesis, los expresidentes habrían utilizado su posición para favorecer a determinados empresarios, mientras que parte de las ganancias obtenidas regresaba al patrimonio familiar mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
En el caso de Lázaro Báez, los fondos cuestionados estarían vinculados con la presunta defraudación al Estado nacional mediante la adjudicación de obra pública.
Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la acusación sostiene que las operaciones comerciales permitieron encubrir la recepción de dádivas a cambio de beneficios.
El requerimiento también atribuye a Máximo Kirchner un rol como organizador de la presunta estructura delictiva y señala que participó de las operaciones destinadas a incorporar los fondos al patrimonio familiar.
El departamento de San José 1111 y otras propiedades investigadas
Entre los inmuebles mencionados por la Fiscalía aparece el departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.
Según la acusación, el inmueble fue adquirido por Los Sauces y posteriormente ocupado por Florencia Kirchner, quien no habría pagado un canon de alquiler a la sociedad.
El dictamen también menciona operaciones inmobiliarias vinculadas con Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, quien habría construido departamentos en terrenos pertenecientes a la familia Kirchner mediante la utilización de una sociedad pantalla.
Para los fiscales, estas operaciones formaban parte de un sistema destinado a transferir y disimular ganancias obtenidas de manera ilícita.
Comenzó el juicio oral
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, con Santiago Schiopetto como juez suplente.
La acusación durante el juicio está a cargo del fiscal Diego Velasco, mientras que Cristina y Máximo Kirchner siguen las audiencias de manera remota.
Durante la primera jornada comenzó la lectura del requerimiento fiscal, con el detalle de las maniobras investigadas y las responsabilidades atribuidas a los acusados.
El tribunal deberá determinar si las operaciones comerciales cuestionadas constituyeron maniobras delictivas, como sostiene la Fiscalía, o si corresponde descartar las responsabilidades penales atribuidas a los imputados.
