El gobernador encabezó una jornada de trabajo junto a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para articular acciones, adecuar la legislación y avanzar en las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema.
El gobernador Claudio Poggi encabezó hoy un plenario destinado a coordinar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. Durante la convocatoria, que reunió a funcionarios, autoridades de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa y legisladores, firmó el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, el decreto de homologación del contrato para refaccionar los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y el decreto que dispone el llamado a licitación para adquirir seis vehículos no identificables destinados a esos espacios.
La actividad se desarrolló a través de cuatro paneles, en los que representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo se detuvieron a abordar las reformas derivados de la reducción de la edad de imputabilidad a nivel nacional, así como las medidas necesarias para implementar el nuevo marco legal en San Luis.
Poggi valoró la posibilidad de reunir a los distintos sectores para trabajar de manera coordinada. “Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como ésta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también”, expresó.
El gobernador Claudio Poggi durante la firma del proyecto de ley. (Foto ANSL)
En esa línea, sostuvo que la cooperación institucional debe desarrollarse respetando las atribuciones de cada poder. “Articulación sin alterar la independencia de los poderes es algo que la ciudadanía nos exige. Aportar toda la voluntad política para que este nuevo régimen comience bien. Esto es nuevo para todos y debemos estar a la altura de las circunstancias”, manifestó.
El mandatario anticipó que la Provincia impulsará una iniciativa legislativa para adaptar los procedimientos locales a la normativa vigente. También confirmó intervenciones para mejorar las instalaciones de los Canaf, la incorporación de unidades vehiculares para esas dependencias y el desarrollo de instancias formativas destinadas a los equipos que participarán en la implementación.
Los derechos y las garantías en el nuevo régimen
En el panel inicial intervinieron el procurador General de la Provincia, Eduardo Cadelago Filippi, y de la defensora General, Marcela Torres Cappiello. Ambos abordaron la Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil.
Cadelago Filippi explicó que la nueva legislación no se limita a modificar la edad de imputabilidad, sino que también establece garantías para los adolescentes involucrados en conflictos con la ley. “No es solamente decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino sobre todo, viene a otorgarle también derechos a esos menores. Si tienen un conflicto se establece cómo ser tratado, cuáles son las medidas que se tienen que tomar con ellos, cuáles son los plazos, cuáles son los principios que los regulan”, señaló.
Además, indicó que el Ministerio Público Fiscal elaboró un protocolo de actuación a partir de la sanción y entrada en vigor del régimen. Según explicó, el documento reúne los requerimientos previstos por la normativa y determina las pautas que deberán seguir los fiscales en este tipo de causas.
Por su parte, Torres Cappiello hizo hincapié en la función de las defensorías para asegurar el acceso a la justicia. Explicó que, cuando no existe una defensa privada, corresponde garantizar legalmente la representación técnica, tarea que también involucra a las defensorías de niñez que integran la defensa pública. “Defensa que ayuda a que se sustancie un debido proceso, que es la única manera de llegar de esa manera a un juicio justo”, afirmó. Asimismo, señaló que las garantías de los niños requieren una protección especial, diferenciada de la prevista para las personas adultas.
El procurador General de la provincia, Eduardo Cadelago Filippi, y la defensora General de la Provincia, Marcela Torres Cappiello. (Foto ANSL)
La defensora también desarrolló el principio de especificidad, que contempla instituciones propias del derecho penal adolescente y cierta flexibilidad en la aplicación de las normas, en atención a que quienes son juzgados todavía atraviesan etapas de desarrollo cognitivo y neurológico.
A su vez, mencionó que tanto la nueva ley como el código procesal penal provincial contemplan la responsabilidad individual por los actos y la integración social. En este sentido, advirtió: “En general, son niños que no han estado integrados completamente nunca a la sociedad”. Por ello, consideró que la inclusión debe orientar el trabajo de todos los actores, tanto durante el proceso judicial como en el seguimiento posterior de las medidas adoptadas.
La intervención judicial y las alternativas a la prisión preventiva
El segundo panel reunió y a la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción, Daniela Benenatti; a la jueza Penal Juvenil y Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial, María Antonela Panero; al juez de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil N.º 2 de la Tercera Circunscripción, Carlos Orozco y a la jueza provisoria del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Penal Juvenil Nº 1 de esa misma circunscripción, Jesuana Barrios.
Panero planteó que el nuevo esquema supone atribuir responsabilidad penal sin dejar de garantizar los derechos y las protecciones correspondientes a la etapa de desarrollo de los adolescentes. “Este nuevo modelo trae aparejada responsabilidad penal que respete de manera estricta sus derechos, las garantías y su condición de persona en estado de desarrollo. Este nuevo paradigma implica un cambio en la visión estructural, y no hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal como un objeto de tutela solamente, y como desamparo, sino como un sujeto de derechos”, afirmó.
Las intervenciones también abordaron la necesidad de aplicar criterios restaurativos, promover la reinserción y reparar las consecuencias de los hechos, considerando las condiciones de vulnerabilidad que pueden atravesar los jóvenes.
El segundo panel abordó la intervención judicial y las alternativas a la prisión preventiva. (Foto ANSL)
En ese marco, Benenatti señaló que, además de establecer la edad de punibilidad a partir de los 14 años, la ley incorpora herramientas para abordar los casos sin recurrir necesariamente al encarcelamiento preventivo. “Una ley que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años, pero también nos da muchas herramientas. Entre ellas, establece una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, que la misma ley establece como última opción”, indicó.
El proyecto provincial busca adecuar los procedimientos
La diputada provincial Fabiana Zárate y la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, estuvieron al frente del tercer panel, dedicado a explicar los principales lineamientos del proyecto de adecuación legislativa para San Luis.
Carranza aclaró que la propuesta no pretende reproducir las disposiciones nacionales, sino definir su aplicación en el ámbito provincial. “Este proyecto no busca volver a explicar el régimen nacional, sino establecer cómo lo vamos a aplicar en San Luis”, puntualizó.
La diputada provincial Fabiana Zárate y la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza. (Foto ANSL)
También detalló que el procedimiento deberá garantizar que los adolescentes cuenten con defensa, puedan ser escuchados y comprendan las instancias que atraviesan. A la vez, se procura evitar dilaciones innecesarias y disponer medidas acordes con las particularidades de cada situación.
La funcionaria insistió en que las decisiones deben responder a las necesidades de cada caso, sin imponer limitaciones que excedan las necesarias. En consecuencia, afirmó que “la privación de la libertad debe ser excepcional”.
Como objetivo general, planteó que la provincia disponga de un procedimiento definido y adaptado a la realidad de los adolescentes, capaz de establecer responsabilidades, proteger a las víctimas, preservar las garantías y aplicar respuestas apropiadas en cada situación.
Desarrollo Humano y Seguridad coordinarán la implementación
El cuarto panel estuvo integrado por el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Las exposiciones estuvieron centradas en la coordinación entre las distintas áreas estatales que intervendrán en el nuevo sistema.
Bertolini explicó que el régimen se sustenta en los derechos del niño y en la convención correspondiente, por lo que resulta necesario establecer mecanismos que los protejan durante todo el procedimiento.
“El ingreso al sistema penal no suspende los derechos”, afirmó. En consecuencia, indicó que deberán preservarse el acceso a la educación y a la salud, los vínculos familiares y comunitarios, y las posibilidades de construir un proyecto de vida alejado del delito.
En el último panel participaron el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini y la ministro de Seguridad, Nancy Sosa. (Foto ANSL)
El ministro sostuvo que las carteras de Desarrollo Humano y Seguridad deberán trabajar de forma conjunta durante todo el proceso. También señaló que la reinserción en el ámbito familiar será uno de los objetivos centrales y que la preparación para el egreso debe comenzar desde el primer día.
En relación con la puesta en marcha del régimen, consideró indispensable sostener una labor coordinada entre la Justicia, los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el Ejecutivo y el Legislativo.
Refaccionarán seis dependencias y sumarán vehículos para los Canaf
La ministra Nancy Sosa explicó que la aplicación del nuevo sistema requiere adecuar los edificios existentes para responder a las necesidades de atención y alojamiento. Para ello, se intervendrán tres inmuebles vinculados con las circunscripciones judiciales de San Luis, Villa Mercedes y Concarán.
“Vamos a tomar tres edificios que justamente coinciden con las circunscripciones judiciales, San Luis, Villa Mercedes y Concarán para intervenir y hacer una adecuación edilicia. Consiste en modificar la estructura y hacer una reconversión de las celdas en habitaciones”, detalló.
Las obras también contemplan la habilitación de espacios para los equipos técnicos de Desarrollo Humano, los profesionales de asistencia social y los psicólogos que trabajan en los Canaf.
En materia de movilidad, la funcionaria anunció la adquisición de seis vehículos para las dependencias de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo.
Sosa precisó que no se tratará de patrulleros convencionales, aunque deberán incorporar elementos de seguridad para las personas trasladadas y para el personal responsable de los operativos. Por ese motivo, las unidades serán no identificables desde el exterior.
“Va a tener, por supuesto, los vidrios antivandálicos para evitar cualquier situación que se pueda presentar dentro del vehículo, y un sistema de monitoreo y posicionamiento, el cual va a estar conectado directamente con el despacho policial en el 911 para cualquier trazabilidad necesaria, que también así lo requiera la Justicia”, explicó.
Formación especializada para los equipos de trabajo
La ministra de Seguridad informó que la capacitación específica sobre el abordaje, la aplicación y los alcances de la Ley Penal Juvenil será obligatoria para todo el personal de los Canaf.
“En este programa están incluidos quienes están llevando adelante esta tarea, porque nos parece fundamental recibir de primera mano los conceptos esenciales para el funcionamiento. Va a tener una carga horaria de 100 horas reloj, y estará comenzando de marzo a mayo del año 2027”, indicó.
Además, detalló que se modificaron los programas de formación continua del Instituto Superior de Seguridad Pública para incorporar horas de especialización destinadas a quienes se preparan como agentes policiales o subayudantes penitenciarios.
La medida permitirá sumar estos contenidos a la formación general y detectar posibles perfiles para ampliar los recursos humanos que trabajarán en los Canaf y en el área penal juvenil del Servicio Penitenciario.
Proyectan para 2027 un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil
Entre las iniciativas previstas, Sosa mencionó la construcción de un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil durante 2027. El establecimiento se ubicará en un sector perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, aunque dispondrá de un acceso independiente y deberá ajustarse a las convenciones y a las disposiciones legales vigentes.
La ministra aclaró que la iniciativa responde a la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para este fin dentro de la provincia. “Esto no es decir, ‘vamos a encerrar jóvenes o adolescentes’. Me parece que la provincia debe contar con un lugar adecuado para tal fin y no terminar enviando a los menores a otras provincias”, concluyó.
