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CAMPO EL CABURÉ: EL ABOGADO QUE ACUSÓ A RICARDO BAZLA SE RETRACTÓ Y PIDIÓ DISCULPAS EN UNA AUDIENCIA JUDICIAL

Alejandro René Viano reconoció que habló “impulsado por las emociones” y aclaró que no le atribuía responsabilidades al secretario de Ética Pública y Control de Gestión. El funcionario aceptó la retractación y solicitará que la resolución se añada al expe

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  Radio Rivadavia

Este jueves se realizó en el ámbito del Poder Judicial de Villa Mercedes una audiencia de conciliación en el marco de la investigación por la explotación del campo El Caburé.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, había planteado la vindicación tras las acusaciones formuladas por los abogados, Alejandro René Viajo y Emanuel Olagaray, quienes le había adjudicado intentar apropiarse del establecimiento rural y de una cosecha de maíz.

La acción fue promovida por el funcionario porque consideró que las apreciaciones de los abogados fueron injuriosas. Fue a la justicia porque los letrados (que actuaban en representación de la firma El Caburé SA), lo señalaban públicamente como responsable de “quedarse con el campo y la cosecha”, y luego de un año y cuatro meses fue tratada.

En la audiencia de esta mañana, Bazla dejó afuera de la denuncia a Olagaray, al considerar que “sus dichos no habían sido injuriosos”, y mantuvo su planteo contra el otro implicado.

Viano explicó que al momento de manifestarse había estado “impulsado por las emociones” y admitió que “se había extralimitado”. Pidió disculpas y aclaró que no le atribuía responsabilidades al secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Sostuvo su acusación contra el ex funcionario de la secretaría, Darío Oviedo, y dejó en claro que Bazla “no tuvo actuación administrativa ni personal en la explotación del predio”.

El Caburé.

Por su parte, Bazla aceptó el pedido de disculpas y quedó liberado de toda responsabilidad judicial. Solicitará que el expediente sea incorporado a la investigación que está a cargo del fiscal Leandro Estrada sobre el destino de la cosecha en la que está implicado Oviedo.

El funcionario explicó que denunció a Oviedo tras una investigación interna que llevó varios meses: “Empecé a detectar maniobras que me parecían poco claras y recién cuando tuve pruebas contundentes dispuse formular la denuncia judicial”, declaró a El Chorrillero.

El caso continúa su curso y abarca también actuaciones que se llevaron adelante en la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Durante su mandato, la explotación del campo fue responsabilidad de los ex ministros Marcelo Amitrano, Sergio Freixes y Juan Lavandeira, quienes “aún no ofrecieron explicaciones”.

En ese punto intervino el fiscal de Estado Adjutor, Rafael Berruezo, quien amplió la demanda al advertir que durante la anterior gestión no se habían rendido cuentas sobre las actividades que se desarrollaron en el predio.

El expediente sumó esta mañana la declaración del cosechador Francisco Anselmi, quien fue contratado por Oviedo “sin ningún acto administrativo que lo avalara”.

En la audiencia le entregó a la Fiscalía documentación que confirma que la cosecha fue de 900 toneladas, transportadas en 30 viajes de camión. En algunos medios de comunicación se hablaba del traslado de 2 mil toneladas en 500 camiones.

De acuerdo con la declaración de Anselmi, el maíz fue llevado a un predio del departamento Dupuy, a unos 50 kilómetros de El Caburé. Según expresó, los ingresos no alcanzaron para cubrir los gastos de maquinaria, personal y reparaciones, pero el cosechador señaló que asumió las pérdidas porque Oviedo le había prometido un contrato de arrendamiento e incluso la posibilidad de adquirir las tierras.

Bazla se enteró hoy de estas maniobras, según manifestó: “Queda ratificada la extralimitación de Oviedo en el ejercicio de sus funciones”.

Comentó que su instrucción fue “preservar el producto hasta que la Justicia definiera su titularidad” y aclaró que “nunca hubo un acto administrativo que autorizara el inicio de la cosecha”.

Tras la resolución, manifestó que siente “tranquilidad”, y subrayó que siempre tuvo la certeza de no haber cometido irregularidades.

Añadió que el caso está atravesado por dos planos: “Una realidad periodística-política inventada por medios vinculados a Alberto Rodríguez Saá y la realidad legal que existe en Tribunales”.

“Ahora está quedando claro judicialmente que es mentira la supuesta realidad que están planteando”, cerró.

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