CORRUPCIÓN: IMPUTARON A NICOLÁS ANZULOVICH POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DURANTE SU ETAPA COMO MINISTRO DE ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ
El ex ministro de Desarrollo Social tendrá inhibidos sus bienes y no podrá salir de la provincia por seis meses.
La audiencia de formulación de cargos contra el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, finalmente se concretó este jueves luego de tres intentos fallidos. El fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí lo imputó por el delito de enriquecimiento ilícito y el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, convalidó la acusación e impuso medidas de coerción por seis meses.
Anzulovich ingresó relajado a la sala, en una charla distendida con su abogado Cristóbal Ibáñez, entre sonrisas que contrastaban con el clima que se instalaría minutos después. La escena cambió cuando comenzaron los planteos y, sobre todo, cuando desde la querella se solicitó la prisión preventiva: el ex funcionario se mostró serio y, más tarde, optó por abstenerse de declarar, con la voz quebrada.
Antes de que se avanzara con la formulación de cargos, la defensa realizó un nuevo planteo, en línea con los intentos anteriores que habían logrado suspender la audiencia. En esta oportunidad, cuestionó la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, y puso en duda la rapidez con la que resolvió el rechazo a la nulidad.
Nicolás Anzulovich y su defensor, Cristóbal Ibáñez. (Foto Marcelo Lacerda)
Assat Alí consideró que la nulidad carecía de sustento y cuestionó que se agregaran instancias innecesarias en una causa que aún no había podido avanzar a la formulación de cargos. En la misma línea, el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, dijo que el planteo respondía a una estrategia para “dilatar el proceso”, algo que se había reiterado en las audiencias anteriores.
Finalmente, Flores Leyes lo rechazó.
La acusación
Durante la exposición, el fiscal detalló que los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2019 y 2023, cuando Anzulovich integró el gabinete de Alberto Rodríguez Saá como coordinador de Dosep y luego minitro del área que tiene bajo su jurisdicción el Plan de Inclusión.
Según explicó, la investigación detectó un incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados, a partir de la adquisición de vehículos de alta gama, movimientos financieros sin trazabilidad y falta de documentación respaldatoria sobre el origen de determinados fondos.
Juez Marcos Flores Leyes. (Foto Marcelo Lacerda)
“El incremento patrimonial verificado no guarda correlación con los ingresos lícitos declarados y verificados”, sostuvo al citar el informe pericial. Además, advirtió que se registraron “consumos significativos” y flujos financieros que no pudieron ser justificados.
La pericia contable estableció un piso mínimo de enriquecimiento ilícito de $9.438.429, sin actualización, aunque el monto podría ser mayor si se tiene en cuenta el flujo financiero total y las adquisiciones detectadas.
Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de marcas como RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida.
El fiscal también señaló que no se registró actividad económica privada que explique esos movimientos y que los egresos superaban la capacidad económica declarada por el ahora imputado.
La audiencia de este jueves. (Foto Marcelo Lacerda)
Con esos elementos, Assat Alí solicitó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y pidió medidas de coerción por seis meses: firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y la suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial.
“Podría frustrar cualquier medida sobre su patrimonio, teniendo en cuenta que tiene acceso al sistema judicial, conoce al personal policial y esta situación podría permitirle conocer con antelación cualquier medida vinculada a embargos, inmovilización o recuperación de activos durante la investigación”, justificó sobre el último pedido.
La Fiscalía solicitó además que la causa fuera declarada compleja al considerar que el caso presenta características propias de investigaciones sobre criminalidad económica y corrupción pública, donde suelen intervenir estructuras patrimoniales difíciles de reconstruir y diligencias técnicas que demandan plazos superiores a los ordinarios.
Nicolás Anzulovich. (Foto Marcelo Lacerda)
Calderón Salomón, adhirió a los planteos pero se fue más allá: solicitó la prisión preventiva o domiciliaria.
“Una vez que se le formule un cargo quizás vayan llegando más las cuestiones que tienen que ver con el comparendo a la Justicia, pero también los contactos, posibles alteraciones, no solamente que podamos solucionar con inhibición de bienes, sino contactos con socios aparentes que no están registrados en las sociedades, con comercios que tienen activos en Mendoza y que puedan, de alguna manera, vulnerar la etapa probatoria”, argumentó.
“La actitud procesal de mi defendido es intachable”
La defensa rechazó de plano la imputación y cuestionó tanto la pericia como las medidas solicitadas.
Ibáñez sostuvo que el monto determinado por el perito es “irrisorio” y negó la existencia del delito: “No hay ningún enriquecimiento ilícito”.
También planteó que el informe patrimonial fue elaborado en condiciones adversas y que varios profesionales se negaron a intervenir “por miedo” a represalias.
En relación a las medidas de coerción, las calificó como desproporcionadas y defendió la conducta de su cliente: “La actitud procesal de mi defendido es intachable. Todas las veces que se lo citó debidamente se presentó”.
El otro defensor, Nedo Gómez, habló de medidas “abusivas y estigmatizantes” y cuestionó el impacto que el proceso tuvo sobre la imagen del ex funcionario. “No se puede acusar a esta defensa de las negligencias del proceso”, afirmó.
La resolución de Flores Leyes
Tras escuchar a las partes, el juez convalidó la formulación de cargos y declaró la causa como compleja, lo que extendió el plazo de investigación a seis meses.
En cuanto a las medidas, hizo lugar parcialmente a lo solicitado por la Fiscalía: ordenó la firma mensual, prohibió la salida de la provincia e impuso la inhibición general de bienes.
En cambio, rechazó la prisión preventiva y la domiciliaria solicitadas por la querella, al considerar que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios. También desestimó la suspensión de sus funciones judiciales, al entender que afectaría su derecho al sustento.
“En razón a la naturaleza del delito investigado y su contenido patrimonial se analiza un daño al patrimonio del Estado”, fundamentó al justificar la inhibición de bienes.
CORRUPCIÓN: IMPUTARON A NICOLÁS ANZULOVICH POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DURANTE SU ETAPA COMO MINISTR
