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CUATRO AÑOS DESPUÉS DE LA MUERTE DE FRANCO MARANGUELLO EN UNA COMISARÍA DURANTE LA CUARENTENA SURGE LA ESPERANZA DE JUSTICIA

En noviembre se logró desarchivar la causa después de un pedido de apelación interpuesto por la familia del joven. Está la orden para que la jueza Mirta Ucelay vuelva a investigar y se resuelva las circunstancias en las que murió el menor y determine si s

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  Radio Rivadavia

Un año más que pasa y que ni siquiera calma el dolor de la familia, porque la Justicia no llega. Aunque 1460 días después surge la esperanza.

Franco Maranguello tenía 16 años cuando murió el 24 de abril de 2020, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus impuesta por el Gobierno nacional, y a la que adhirió la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Lo detuvieron en la puerta de su casa en Villa Mercedes, lo llevaron a la Comisaría del Menor y en una celda fría y sin luz murió. Así de rápido le arrebataron el hijo a Sandra Bravo, que no se cansa de esperar.

“Lo tengo presente todos los días, pero es como que este día es peor. Es volver todo a ese momento y es feo. Pero tengo que seguir”, resumió este miércoles cuando fue contactada por El Chorrillero. Nunca dejará de ser triste revivir la desesperación de esa jornada lluviosa. Mientras esperaba en la dependencia que se lo entregaran para llevarlo a la casa, Franco estaba muerto en una celda. Primero el motivo de su trasladarlo fue que “estaba en una situación de robo” y después porque había violado el aislamiento. Seguramente hasta el final de sus días recordará cada detalle. La única explicación que le dieron es que se había ahorcado.

El 21 de marzo la causa fue archivada por la jueza de Instrucción Nº 3, Mirta Ucelay, bajo el entendimiento que Maranguello se había quitado la vida y que no había más por investigar. Se consideró la falta de mérito para instruir el sumario por el delito de homicidio.

Pero la familia nunca creyó en esa hipótesis y la defensa planteó todas las irregularidades que se cometieron en el procedimiento. La noticia tuvo repercusión nacional y provocó el interés de organismos provinciales y nacionales que resguardan los derechos humanos. Era la segunda persona que moría en una dependencia del Estado en la provincia de San Luis, el mismo mes y en las mismas condiciones. Dos víctimas de la cuarentena en San Luis. Florencia Magalí Morales fue encontrada muerta en comisaría de Santa Rosa del Conlara La Toma pocas horas después de ser detenida porque incumplía la cuarentena. Impusieron que fue un ahorcamiento. 

El abogado de la familia de Maranguello, Gustavo Otegui presentó un recurso de apelación y logró que el 9 de noviembre del 2023 se desarchivara la causa para que la Justicia retomara la investigación y se devele, entre otras cosas, si hubo “incumplimiento en los deberes de funcionario público”.

“Las expectativas que tenemos son por el cambio de Gobierno y la posibilidad de que se investigue con más libertad. El gobernador Alberto Rodríguez Saá no quiso asumir ningún costo político. Estamos convencidos que ahora vamos a lograr que se asuman las responsabilidades”, dijo Otegui a este medio.

“No ha quedado claro todavía, en qué circunstancias se trasladó al menor en calidad de detenido, para qué, por orden de quién, bajo custodia de qué personal, en qué horario y especialmente si fue golpeado, maltratado o sometido a cualquier tipo de acto de violencia sea física o psicológica”, detalló.

Anticipó a este medio que se están terminando de preparar medidas de prueba que serán decretadas por estos días.

En la apelación fundamentó que el expediente estuvo inactivo más de la mitad del tiempo que duró el proceso y que restan tomarse declaraciones testimoniales a todos los policías que participaron en el procedimiento, desde la detención hasta el entierro de Maranguello.

Sostuvo que como en ese momento regían restricciones para salir y entrar a la provincia hay peritos de otras jurisdicciones “que no pudieron participar de las pericias y lo pueden hacer ahora”. Adjuntó Otegui un informe elaborado por un profesional de Córdoba sobre el análisis e interpretación criminalística donde señala como “muerte de etiología dudosa” la de Franco. Advirtió que tampoco se realizó la reconstrucción del hecho.

El Tribunal que revocó la medida de Ucelay entendió que resulta “imperioso continuar con la instrucción a efectos de brindar una mayor garantía dada la importancia de los intereses tutelares, en especial el interés superior del niño”. Pidieron profundizar la investigación tendiente a esclarecer lo sucedido.

Ordenó que el caso vuelva a manos de Ucelay para que se investigue de acuerdo a los fundamentos expuestos.

“Ni Rodríguez Saá, ni el vicegobernador, ni ningún ministro se comunicó con Sandra Bravo, la mamá de Franco, al menos para darle el pésame y asegurarle una investigación seria, parcial y detallada”, fueron otras de las palabras que expuso Otegui en sus redes sociales.

“Creo firmemente que a Franco Maranguello lo asesinaron en la celda de la comisaría creando un escenario de suicidio que pretenden sostener por cualquier medio. Iremos hasta las últimas consecuencias, incluso llevando el caso fuera de la provincia, para evitar que los cómplices (políticos y gobernantes de turno) logren el cometido de salvar su responsabilidad”, añadió.

 

 

 

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