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EL EX PROCURADOR GENERAL LUIS MARTÍNEZ FUE RECHAZADO EN LA JUSTICIA FEDERAL PARA EL CARGO QUE SE POSTULÓ

Así lo reveló el dictamen del Tribunal Evaluador del ministerio Público Fiscal de la Nación. Tras dar sus exámenes sumó apenas 22 puntos y quedó eliminado. Se había anotado en el concurso sin renunciar a su puesto en la Justicia de San Luis.

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  Radio Rivadavia

Se conoció que el ex procurador General de San Luis, Luis Martínez no accedió a un cargo dentro de la Fiscalía General de la Nación al que aspiraba llegar y tras su renuncia al puesto (el 11 de febrero pasado) que ostentaba en el sistema judicial provincial, se quedó con las manos vacías. El rechazo al rendimiento en los exámenes se conoció a través de un dictamen que la Justicia Federal emitió el jueves 26 dando cuenta de los resultados del concurso. De esa forma se informó sobre las resoluciones tomadas por el Tribunal Evaluador que seleccionó a los futuros funcionarios dentro del fuero nacional y el nombre de Martínez no figuró.

El concurso 339 pretendía ocupar cargos “técnico jurídicos” dentro de la zona que comprende a las unidades fiscales de San Juan, San Luis y Mendoza más las sedes descentralizadas de San Rafael y Villa Mercedes y tal como ocurre dentro del fuero federal, hubo exámenes exigentes más un profundo análisis de los antecedentes de cada uno de los postulantes que, desde las tres provincias cuyanas, elevaron sus carpetas personales y experiencias profesionales.

Lo sorprendente en torno a las intenciones de Martínez fue que, a espaldas de su jefe político Alberto Rodríguez Saá habría hecho todos los pasos previos para postularse y confirmó sus intenciones al inscribirse oficialmente. Todo eso mientras aún ocupaba el cargo de procurador General de San Luis, es decir, era el jefe de todos los fiscales. El Chorrillero reveló su accionar y cuando Alberto Rodríguez Saá se enteró se enfureció con quien fue presidente del bloque en la Cámara de Diputados, apoderado del PJ y luego procurador, uno de los cargos más importantes del sistema judicial.

El concurso nacional fue exigente y en los exámenes impuso diversas situaciones y ejemplos jurídicos que los candidatos debían resolver en una especie de simulacro judicial donde ellos actuaron en su rol de futuros fiscales. En esos ensayos, los postulantes debían formular cargos, describir los hechos del caso, calificarlos jurídicamente, distinguir los roles de los imputados según lo ocurrido en esa causa ficticia y solicitar múltiples medidas. Cada respuesta imaginaria fue luego revisada por el Tribunal Evaluador.

Para darle más claridad al sistema y evitar suspicacias, cada postulante, al momento de las pruebas, fue identificado con un código y los encargados de chequear sus actuaciones revisaron las respuestas de cada examen y publicaron al final el rendimiento de cada uno.

A lo largo de todo el concurso, los interesados fueron acumulando puntos y más tarde, según las unidades obtenidas, accedían a una fase donde se analizaron sus antecedentes personales y experiencias laborales.

Sin embargo, según el dictamen, Luis Martínez quedó en la nómina de los “no aprobados” al sumar solo 22 unidades en la denominada “prueba escrita de oposición” y no pudo llegar a la fase del análisis de antecedentes. De ese modo el puntano se quedó en el camino y no podrá dar el salto soñado de irse de la hoy cuestionada justicia sanluiseña para resguardarse en un cargo judicial dentro del ámbito federal.

El camino de un duro traspié

Luis Martínez recorrió un duro camino para ahora quedarse con las manos vacías. “Lucho”, como se lo conoce, recibió una reprimenda de su jefe Alberto Rodríguez Saá porque no le consultó sobre deseo de pasar al fuero federal a un cargo de menor jerarquía.

Cuando su intención de irse trascendió, no pudo ocultar su enojo en sus apariciones públicas y reaccionó de mala manera, inclusive agresivo con insultos a un cronista de El Chorrillero. Se le había consultado por la situación del fiscal Fernando Salas, imputado por violencia de género y aún en funciones gracias a su venia.

Su irrupción en la procuración formó parte del plan de colonización del Poder Judicial por parte de Alberto Rodríguez Saá.

Con un Poder Judicial cada vez más cuestionado y con un largo listado de funcionarios albertitas denunciados por corrupción, el mediodía del 11 de febrero Martínez renunció. Cuatro horas más tarde, el gobernador Claudio Poggi aceptó su dimisión. Se había jugado por el ingreso a la Justicia Federal, pero no dio la talla ante las pruebas del ministerio Público Fiscal de la Nación.

 

 

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