ELEVARON A JUICIO LA CAUSA DEL FISCAL FERNANDO SALAS, ACUSADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Está imputado por amenazas y desobediencia en perjuicio de su ex pareja e hijas. Además, permanecerá con tobillera electrónica por otros tres meses más.
Este martes y después de varias suspensiones se realizó la audiencia de control de acusación en la causa que tiene como imputado al fiscal adjunto, Fernando Andrés Salas por violencia de género.
El funcionario judicial, que está con tobillera electrónica y trabaja de manera remota, había sido denunciado el año pasado por su ex pareja por episodios en su contra y también de sus hijas. Sin embargo, continuó acumulando hechos.
La audiencia se llevó adelante durante más de dos horas ante la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper. La defensa, a cargo de Omar Uría y Lucas Sosa y el fiscal Maximiliano Bazla Cassina se opusieron al acceso de la prensa, pese a que se trata de una instancia pública.
Uría, Bazla Cassina y Calderón Salomón.
Luego de la exposición de las partes y los planteos de la defensa, Dopazo Samper ordenó elevar la causa a juicio por los delitos de amenazas y desobediencia, en cinco oportunidades cada uno, en contexto de violencia de género y en concurso real.
Si bien inicialmente estaba acusado por siete episodios de desobediencia, dos de ellos fueron descartados en la etapa de control debido a que ocurrieron previo a la prohibición de acercamiento vigente.
Asimismo, se mantuvo el pedido de pena que hizo inicialmente Bazla Cassina de dos años de prisión en suspenso.
En el mismo sentido, por pedido del abogado querellante, Santiago Calderón Salomón la jueza dispuso extender por tres meses más la prohibición de acercamiento y el uso de tobillera electrónica, por tratarse de un caso de riesgo.
A lo largo de la investigación se incorporaron evidencias que dan cuenta de violencia psicológica, agresiones verbales, amenazas de muerte, hostigamiento, control y hasta descalificaciones hacia su ex esposa e hijas.
En agosto se había realizado una propuesta de suspensión de juicio a prueba, a través del cual Salas debía respetar ciertas conductas e internarse en una clínica privada fuera de San Luis. Todas las partes estuvieron de acuerdo a excepción de la defensora de Niñez Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Cappiello. Por eso, Dopazo Samper lo rechazó.
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