IMPUTAN POR CORRUPCIÓN Y PROHÍBEN SALIR DEL PAÍS A UNA EXINTENDENTA ALBERTISTA
María Ester Farina estuvo al frente de la Municipalidad de Renca, donde también fueron intendentes su esposo, Claudio Peralta, y su hija, Romina Peralta. La investigan por incumplimiento de los deberes de funcionario público; peculado; estafa usurpación d
El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción, Nicolás Coppola, admitió los cargos que la Fiscalía Nº 1 formuló contra la exintendenta de Renca, María Ester Farina, por delitos que habría cometido cuando estuvo a cargo de la administración de la municipalidad. Farina es esposa y madre de otros dos exintendentes de la localidad, Claudio Peralta y Romina Peralta, políticos alineados con exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá.
A Farina la investigan por, entre otros delitos, emitir cheques del municipio cuando ya no ejercía como intendente y emitir otros sin fondos.
La exfuncionaria fue imputada como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; peculado; estafa y usurpación de títulos y honores. Además, en la audiencia el juez Coppola le impuso la prohibición de salir del país y la inhibición general de bienes, por el plazo de 120 días.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, los hechos investigados se produjeron cuando Farina era intendenta comisionada de Renca, en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de diciembre de 2015. Consistieron en la no presentación y rendición de los balances correspondientes al 2º trimestre del año 2013 y el 1º trimestre del año 2015; en la emisión de cheques del municipio cuando ya no ejercía como intendente comisionada y en la emisión de cheques sin fondos.
La imputada optó por no declarar durante la audiencia. La defensa, representada por Francisco Muñoz, hizo reserva de plantear excepciones y nulidades que considere pertinentes en el plazo de ley.
La Fiscalía de Estado –que interviene en la causa como querellante– estuvo representada por los abogados Juan Trascendi y Santiago Salomón y se expresó en el mismo sentido que el Ministerio Público Fiscal, representado por César Hugo Salazar Molina y Andrea Aguilar.
