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JUICIO POR DIEGO GATICA: EL DOLOR DE UNA FAMILIA, LA AUTORÍA DE MENORES INIMPUTABLES Y LEYES "INJUSTAS”

Mediante un proceso abreviado y el acuerdo de las partes, solicitaron 13 años de prisión para Lautaro Cruz, y tres en suspenso para Maycol Bustos y Alexis Cuello Morán. El Tribunal tiene 10 días hábiles para emitir su sentencia.

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  Radio Rivadavia

“Te amo, sos muy fuerte”, le dijo la hermana de Diego Gatica, Ana a su mamá, Carina Ledesma cuando estaba por comenzar el debate oral. Ambas sabían que sería una jornada difícil, donde iban a revivir todo lo que sucedió desde el 5 de septiembre de 2022 cuando la vida del joven de 30 años comenzó a apagarse.

El efectivo de la Policía había salido a andar en bicicleta cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes en el Corredor Vial “Eva Perón”, a la altura del barrio Tibiletti. Para robarle el rodado y las zapatillas, lo golpearon. Quedó inconsciente en el lugar y luego de seis días murió en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Al juicio llegaron Lautaro Cruz (22), Maycol Bustos (19) y Alexis Cuello Morán (19). Sin embargo, quienes tuvieron la mayor participación en el hecho no enfrentan el proceso debido a que cuando ocurrió tenían 13 y 14 años, es decir, no eran punibles.

La legislación actual y la edad de imputabilidad fueron temas que surgieron en diferentes momentos. Desde la familia, pidiendo un cambio para que “no haya más Diegos”, la Fiscalía reconociendo que la respuesta es “injusta e irracional” y también por parte de los abogados entendiendo que se trata de una pérdida que no será reparada.

Todos entraron a la audiencia sabiendo que el resultado dejaría un sabor amargo y que la justicia que tanto anhelaban quienes perdieron a Diego, no llegará o lo hará a medias. Fue lo que se vivió en los días previos cuando firmaron un acuerdo para que el juicio sea abreviado y reduciendo las penas a la mitad.

Justamente, Cruz había llegado con un pedido de pena de 25 años, Bustos de cinco y Cuello Morán de ocho, requeridos por la fiscal de Instrucción, María del Valle Durán.

La fiscal de Juicio, Virginia Palacios planteó el acuerdo al que habían llegado entre jueves y viernes y pidió al Tribunal integrado por José Luis Flores, Ariel Parrillis y Adriana Lucero Alfonso la conversión a abreviado. Tras la conformidad de todas las partes, los jueces resolvieron en consonancia.

Palacios aclaró en un inicio que “no es un trámite administrativo el juicio abreviado” y luego hizo énfasis en que en este hecho “hay una persona, que es Diego Gatica, que tiene madre, una hermana, que dejó a un niño de un año, compañeros, amigos y un proyecto de vida”. Hizo alusión a una imagen que mostraba un proyector en la pared y que debía estar presente durante todo el debate: el rostro de la víctima.

Una  reconstrucción del "salvajismo"

La fiscal se remontó al 5 de septiembre de 2022, cuando todo ocurrió, entre las 19:10 y 19:30. Aseguró que querían desestabilizarlo cuando circulaba en su rodado para que cayera al piso y despojarlo de la bicicleta. Puntualizó que en “esa planificación hubo mayores y menores”.

“Se planificó arremeter contra su humanidad. Bustos y Cuello Morán se habían quedado sobre la banquina. Sabían que debían situarse ahí”, aseguró Palacios. El rol de Cruz estuvo en amagarle con otro rodado, pero Gatica pudo esquivarlo y lo mismo con una patada de otro menor inimputable. Finalmente, otro adolescente consiguió “asestarle una piedra de gran tamaño en el cráneo”.

Mientras describía esto, detrás de ella la madre de Gatica, su hermana y sus tías, no podían evitar llorar sin consuelo.

“Inexorablemente cayó y perdió mucha sangre. La caída fue determinante. En esa situación, convulsionado, no cesó el salvajismo. Siguió el robo. Sobre el piso, fue despojado de la bicicleta y las zapatillas. Ni siquiera importó que estuviera en esa situación”, aseveró la fiscal.

Relató que seguido a eso, a la bicicleta y las zapatillas se las llevaron dos menores inimputables acompañados de Cuello Morán. Fueron al barrio Tibiletti y tiraron el rodado en el patio trasero de una iglesia porque “sabían que era una situación compleja”.

Exhibió imágenes de captaciones fílmicas de la zona donde aparecen los agresores y también registros de maps del lugar de los hechos.

También se refirió a la previa del ataque donde se juntaron en la playa de estacionamiento de Chango Más por una bicicleta que quería vender Bustos y de la que Cruz y otro menor estaban interesado en adquirir. A la vuelta llegaron hasta la altura del puente Virgen de Luján donde “escogieron a Diego”.

Entre las evidencias enumeró el informe policial homologado, el acta de inspección ocular inicial, un testigo que vio a tres personas que llevaban una bicicleta blanca, la recepción de prendas de vestir, certificados médicos y de defunción. Sobre esto último subrayó que “no es que Diego se murió por otra cosa, la muerte ha sido el resultado directo”.

En relación a las testimoniales, mencionó las de Silvia y Norma Ortiz, quienes “vieron a personas que iban con la bicicleta y la dejaron en la iglesia”; la de Virginia Corvalán, quien “iba circulando en su auto cuando vio a tres personas, una con una bici, y una cuarta en la carpeta asfáltica”; y la de Gladys Lucero que “salía del barrio y vio a dos personas con una bici”.

Las calificaciones y la pretensión punitiva

Palacios planteó que sobre Cruz debía excluirse la imputación de Durán en relación a un delito agravado por la participación de menores. Fundamentó esto en que para el ataque “hubo una distribución de tareas” y no se utilizó a los adolescentes como instrumentos para perpetrar el ilícito.

“Los hechos descriptos verifican la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos. No tengo dudas que Cruz debe responder por homicidio en ocasión de robo”, indicó

En relación a Bustos y Cuello Morán señaló que “no se les puede imputar hechos que no son propios”.

Asimismo, destacó el proceso abreviado porque “cada uno puede sentarse ante ustedes señores jueces, ante Carina y todas las personas reconociendo los hechos expuestos y aceptando la imposición de la sanción penal”.

Sobre las penas, la fiscal solicitó para Cruz 13 años y la declaración de reincidencia. Esto a partir de una condena a tres años y seis meses que está cumpliendo desde septiembre de 2022 por agredir al ex jefe de la Policía, Hernán Soloa.

En cuanto a los jóvenes de 19 años, Palacios hizo alusión a la Ley N° 22.278 que está vigente desde 1980. Advirtió que es “vetusta” y va “en contraposición a la dinámica de la vida”, pero debe respetarla.

“Esa ley me permitió decirle a Carina por qué los menores de 13 y 14 años no están acá sentados. Allí está la primera respuesta que le di a Carina”, explicó y dijo que en el caso de Cuello Morán y Bustos debe regirse por la misma norma.

“Es injusto, es irracional, pero es lo que establece la ley. Entiendo que es difícil comprenderlo. Se que todos pueden esperar un castigo, pero la Constitución Nacional establece que las penas tienen que ser con fines de reinserción”, insistió Palacios y requirió tres años de prisión en suspenso para ambos.

En todos los casos, tuvo como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la duración del hecho.

La palabra de los defensores

La defensora Oficial, Cecilia Cabello dijo que “se le explicó lo que implicaba a Cruz los derechos que le asisten, dio su conformidad y también se citó a sus padres y hermanos. Consideramos que se dan los requisitos de admisibilidad”.

Bustos estuvo representado por Marcos Juárez y Ramiro Rubio. Este último expuso su adhesión a lo manifestado por el ministerio Público Fiscal: “Compartimos los criterios y circunstancias, calificación legal y pena peticionada”.

Hizo referencia a que “Bustos desde un primer momento permitió en la investigación, con su declaración, el ensamble de las piezas y establecer la verdad absoluta de los hechos”.

Además, se detuvo en el estupor social que provocó la causa. “Este sinsabor se da por una condición que excede a nuestro rol. Es la propia ley la que impide que los autores directos estén sentados en el banquillo de los acusados”, afirmó.

Cuello Morán estuvo representado por Héctor Zavala Agúero, quien adhirió a Palacios: “Coincidimos en todo. Ha sido una decisión conversada con mi defendido y su familia. Entienden el daño que se ha producido con el hecho y el dolor que no va a ser reparado por una sentencia que se dicte”.

“No, nada”

De a uno, los imputados se sentaron en el banquillo de los acusados. Inicialmente, Flores les preguntó sus datos personales y por la conformación del grupo familiar. Luego les consultó si entendían la participación que les estaban adjudicando.

Todos dieron su consentimiento en relación al relato de los hechos, el rol que tuvieron, el delito que les imputaron y la pena solicitada.

Al final, el presidente del Tribunal les dio la posibilidad de decir algo más y con eso, quizás, darle un mensaje a la familia de Gatica. “No, nada”, repitieron cada uno.

La querella y el dolor de una familia

El abogado Rafael Berruezo, que representó a la familia junto a Maximiliano Del Singnore, coincidió en el sabor amargo que deja la resolución de la causa y prestó conformidad.

Luego, Ana optó por leer una carta que había escrito para su hermano. Se presentó con su nombre y “capullito de alelí”, como la llamaba él.

“Lo que para ustedes fue un premio, hablándole a los asesinos, a mí me costó 27 años de hermandad. Hoy sentada acá, afrontando lo que denomino el segundo peor día de mi vida. El primero fue cuando te fuiste y aún no logro entender el por qué si esa tarde te vi tan lleno de vida, feliz y ansioso porque el próximo domingo celebraría el primer añito de su hijo”, expresó.

Ana continuó con un doloroso sentimiento: “Me hubiese encantado poder darte toda mi energía para que salieras de esa lucha a la que te enfrentaste y no pudiste ganar. Se que te aferraste a la vida lo más que pudiste, te hubiese rogado aún más. Pero eso sería muy egoísta”.

La joven cuestionó las leyes vigentes y pidió que se modifique la edad de imputabilidad.

“¿Qué ley ampara a Bruno cuando saludamos a la luna? Todas las noches cuando voy a llevar a Bruno saludamos a la luna y yo le digo que al lado se encuentra su papá. Y él me dice que su papá está lejos”, siguió.

En otro tramo, Ana le pidió perdón a su hermano por “esta Justicia injusta”. “En donde quiera que estés sé feliz, y un día más es un día menos para nuestro reencuentro”, agregó entre lágrimas.

Más tarde, Carina tuvo la posibilidad de poner en palabras el dolor. Acompañada de sus hermanas, como siempre, describió el desconsuelo que vive desde ese 11 de septiembre.

“Hace 19 meses me decían las palabras más feas que una madre puede escuchar, que tu hijo acaba de morir”, comenzó diciendo la mujer tras dar su conformidad con el juicio abreviado, las calificaciones y penas pedidas.

Quebrada, la madre de Diego transmitió que hace 19 meses espera que “uno diga ‘estoy arrepentido de lo que hice’ y jamás lo hicieron”, y agregó que desde el mismo tiempo está “obligada a vivir porque tengo la responsabilidad de su hermano y de su hijo”.

“Nos quitaron un montón de proyectos. Diego era la persona que nos daba seguridad. Si él estaba al lado no nos iba a pasar nunca nada. Si hubiera dependido de él, jamás nos hubiera abandonado. ¿Y ahora que me hago yo?”, continuó Carina.

En el cierre pidió una reforma sobre la edad de imputabilidad: “Porque hoy se van cinco asesinos a sus casas. Sus madres van a seguir con ellos y yo nunca más en este plano lo voy a escuchar o ver. Les pido clemencia”.

Flores comunicó que darán a conocer la sentencia en el plazo de 10 días hábiles.

Para gran parte de la Sala de Juicio fue prácticamente imposible no hacerse eco del dolor de la mamá y la hermana de Diego. Incluso Flores les aclaró que desde su lugar no tienen posibilidades de actuar en contra de la legislación vigente. Asimismo, dijo que la normativa queda "chupina" en relación al contexto actual.

La pérdida que vive la familia es irreparable. Si bien saben que nada lo devolverá, algo los consuela: que no existan otros Diegos y nadie más tenga que vivir ese calvario. Para eso, creen que un primer paso es la reforma de las leyes.

El joven de 30 años no tendrá justicia, y su familia tampoco alivio. Así lo sintieron y así lo reconocieron los presentes en la audiencia. Los autores del crimen no serán juzgados y para San Luis las leyes siguen siendo "injustas".

 

 

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