LA CRISIS DEL PODER JUDICIAL Y LA NECESIDAD DE UN PROFUNDO DEBATE TRANSFORMADOR
Por Roberto Pagano (*)
El Poder Judicial de San Luis, se encuentra en una crisis terminal, quizá el peor Poder Judicial del país, lo que se corrobora con estadísticas recientemente publicadas, sobre la efectividad del Ministerio Público Fiscal, en la persecución penal de los delitos, sino también en una profunda crisis moral que tiene como consecuencia una pasmosa ineficacia en el servicio de Justicia con directa consecuencia en el derecho de todos los habitantes de San Luis.
Esta crisis moral, encuentra su punto máximo en la nota publicada por Apuntes de San Luis el día 28 de diciembre, que da cuenta de que en el propio Colegio de Magistrados de la Provincia se produce un desfalco que lleva a la entidad a que los cheques que libra sean vergonzosamente devueltos, sin la suficiente provisión de fondos. Informa la nota que el tesorero Spagnuolo habría presentado la renuncia, pareciera que como un gesto en contra de la actitud del presidente, sin embargo ese tesorero es tan responsable como todos los integrantes de la comisión y en definitiva como todos los magistrados de la Provincia, que eligieron como presidente a un contumaz deudor, varias veces ejecutado por deudas, con sentencias firmes en su contra por más de U$ 40.000, que por supuesto no paga.
Roberto Pagano.
A quien se le ocurriría hacer presidir una entidad que maneja fondos a semejante personaje que a cualquier Poder Judicial medianamente serio, no podría integrarlo jamás.
Pero es así como funciona el pensamiento de una gran mayoría de los integrantes del Poder judicial de San Luis, y la totalidad de los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Del Tribunal Superior de Justicia para abajo, se ha generado una verdadera casta de protecciones recíprocas y de ineficiencia escandalosa, con sentencias bochornosas que hace muchos años no merecen ser publicadas en las publicaciones especializadas, algunas ni siquiera merecen ser leídas. Veamos algunos ejemplos:
* No hace muchos meses el fiscal de rango alto “Chulo” Rodríguez protagonizó un escándalo con repercusión en la prensa nacional e internacional cuando fue filmado absolutamente alcoholizado y posiblemente drogado, conduciendo en contramano en la ciudad de Villa mercedes, poniendo en riesgo la vida de las personas, en violación a expresas normas provinciales y nacionales. La bochornosa imagen del fiscal cayéndose al suelo borracho en cualquier persona con un mínimo de dignidad, hubiera ocasionado su inmediata renuncia, pero al así no suceder, debió ser sometido de inmediato al Jurado de Enjuiciamiento por su escandalosa conducta y falta de decoro. Sin embargo, fue protegido con un payasesco sumario administrativo y ya está en funciones como si nada hubiera ocurrido.
* Otra situación es la del fiscal Salas con procesos penales por violencia de género y medidas judiciales en su contra. También investiga la conducta de los demás.
*Quizá el caso más emblemático sea el de la mediática fiscal Virginia Palacios, conocida protectora y encubridora de actividades ilícitas, primero como juez Penal y luego como Juez de Cámara. Recuérdese solo dos casos, la lacerante desaparición de la nena Guadalupe Lucero, cuya investigación estuvo a cargo de esta fiscal, con un despliegue mediático y de recursos que todo lo que se logro es que hasta el día de la fecha San Luis no cuente con Guadalupe en su comunidad. La propia familia de Guadalupe cuenta la forma indecorosa, absurda y desquiciada con la que Palacios los atendía, con pistas falsas y aseveraciones que nada tenían que ver con la causa. Otro caso emblemático en la historia judicial de San Luis fue lo que se dio en llamar la “Operación Hereford” que quedó en la nada luego de que el patrón de todos estos personajes el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, para proteger a un amigo, ordenara una puesta en escena con aviones camuflados, allanamientos de campos, secuestros de hacienda y una prisión preventiva a productores y empleados rurales, que le costara la vida por un infarto cardiaco a un conocido transportista de San Luis de apellido Pereyra . Apenas dos muestras de un glosario inimaginable.
Pero como decíamos antes, la cabeza misma del Poder Judicial de San Luis, es la que verdaderamente carece de toda ejemplaridad, lo mismo que el procurador General de la Provincia y con los cuales, nada, absolutamente nada cambiara. Veamos:
*Eduardo Allende, actual presidente, designado en el último ocaso de Alberto Rodríguez Saa, fue un albertista de toda su vida y ocupó hasta su designación en el máximo Tribunal de la Provincia, el cargo de fiscal de Estado, pasaron por su mano todos los expedientes, con erogaciones patrimoniales de la Provincia, incluidos por cierto, todos los que representaban exorbitantes gastos que encubrían la corrupción del anterior Gobierno. Nunca hizo una observación, como se va pretender investigue a sus compañeros de ruta?
*Monte Riso, unida absolutamente en lo familiar y militante al Gobierno anterior, reemplazó a la tristemente célebre Lila Novillo como comisario político del Poder Judicial.
*Guillermo L’Huillier, hasta cinco días antes de asumir como ministro se desempeñó como asesor del Gobierno de la Provincia con alto contrato fuera de escala, bajo las órdenes del Alberto Rodríguez Saá. Nunca se le escuchó una crítica, una denuncia. Hoy es el adalid de la “defensa” del Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo e invoca los principios republicanos y lo cita a Gorostiaga, que parece haberlos conocido siendo muy mayor.
Guillermo Levinsgton y Cecilia Chada, carecen de todo carácter y vocación de defensa del servicio de justicia y del Estado en general y solo esperan su jubilación de privilegio.
A todo este Superior Tribunal de Justicia no se le escuchó una sola palabra de los 125 mil millones de déficit con los que le entregó el Gobierno anterior al actual gobernador, pero si presionaban para que se construyera una obra faraónica, que hubiera costado más de 70 millones de dólares conocida como “ciudad judicial” y cuyo anticipo de obra del 30% estuvo a punto de ser entregado tres días antes de que Rodríguez Saá se fuera del Gobierno para siempre, a la empresa constructora .
Cuentan los técnicos que iban a dirigir la obra, que los ministro solo estaban preocupados de que sus despachos miraran a nuestras sierras y el mobiliario fuera una reproducción exacta de los que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el Pueblo de San Luis avanzaba a más de un 50 % de pobreza .
Esta es la cabeza del Poder Judicial con un procurador General tapador y cómplice de apellido Martínez, cuyo único antecedente es haber sido apoderado del Partido Justicialista y creer que el Poder Judicial es una unidad básica.
Hoy mismo se oponen a cumplir una ley provincial, como es la que obliga a todos los funcionarios y magistrados a realizarse el narcotest aunque jueces probos como el Dr. Flores se lo solicitan expresamente y le responden con desdén y pretendida humillación.
La Argentina y San Luis, de forma totalmente mayoritaria eligieron cambiar, pero nuestra provincia con esta aberrante casta judicial no habrá cambio posible que coloque a San Luis definitivamente en el camino del progreso y del trabajo que implica seguridad jurídica e instituciones fuertes honradas y sanas.
Obligatoriamente debemos como lo está haciendo el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, poner en debate esta gravísima situación, lo que deberá ser discutido en las próximas elecciones legislativas y en una también próxima reforma constitucional, sin acuerdos acomodaticios y gatopardistas que nada cambien.
(*) Abogado. Ex diputado constituyente, ex diputado provincial, ex director General Ministerio de Economía de la Nación, ex vicepresidente de la Casa de Moneda de la Nación. Profesor por concurso de Derecho Constitucional. Actual director Jurídico del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública de San Luis.
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