LA EX FUNCIONARIA ANABELA LUCERO FUE CITADA A INDAGATORIA EN UNA CAUSA POR CORRUPCIÓN
También se formularon cargos a su pareja y actual diputado, Joaquín Beltrán, que dirigió el Molino Fénix y la Casa de la Música hasta el 10 de diciembre de 2023. La medida judicial alcanza a otros cinco funcionarios y empleados.
El fiscal de Instrucción, José Olguín les adjudicó a Anabela Lucero y al diputado, Joaquín Beltrán los delitos de robo calificado por poblado y en banda, peculado y defraudación a la administración pública en el marco de la causa por vaciamiento de Molino Fénix y la Casa de la Música en Villa Mercedes.
La causa se enmarca en la serie de denuncias que se promovieron a través de la Fiscalía de Estado al detectarse irregularidades en la gestión por parte de distintos funcionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
El juez de Garantía N°4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz formalizó la citación para la ex funcionaria albertista K, Anabela Lucero y a su pareja Joaquín Beltrán. También fueron acusados por los mismos delitos, su hermano Enzo Fabricio Lucero, Exequiel Alberto Scarel (jefe de Eventos), Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro), Mariela Anahí Dutto y Sebastián Alberto Fernández.
La ex funcionaria, Anabela Lucero y el diputado, Joaquín Beltrán.
Serán indagados el viernes 21 de febrero a las 9 por considerarlos sospechosos de los delitos de robo calificado por poblado y en banda, peculado y defraudación a la administración pública.
La investigación se inició con auditorías contables en la Casa de la Música y el Molino Fénix que arrojaron una serie de irregularidades.
Lucero controló políticamente el organismo que administró su pareja, Joaquín Beltrán, quien se desenvolvió como director del complejo hasta el cambio de Gobierno.
La acusación sostiene que dentro de las irregularidades detectadas a partir del 10 de diciembre del 2023 está “el vaciamiento de las instalaciones” y expone el faltante de equipos y mobiliarios.
Anabela Lucero y el ex gobernador, Alberto Rodríguez Saá.
La denuncia expuso con imágenes las situaciones más graves detectadas el 8 y 9 de diciembre del 2023, cuando en una camioneta Toyota Hilux y un Citröen Berlingo que tenía a disposición el Complejo, “se cargaron innumerables equipos de la Casa de la Música saliendo por el portón de calle Pueyrredón, con destino a un taller de montajes industriales Tecmetal SRL, ubicado en colectora sur, kilómetro 696 de la Autopista de las Serranías Puntanas”.
Antes “desconectaron el sistema de cámaras” para que no quedara registrado ningún movimiento.
También están incluidos los testimonios de los empleados que eran “obligados” a trasladar los alimentos hasta la sede partidaria de Lucero, ubicada sobre calle Pringles, frente al Frigorífico Quickfood. En ese momento era la candidata por uno de los sublemas del oficialismo.
En otro momento, también en las horas previas a terminar el mandato de Alberto Rodríguez Saá se contrató “un flete” y en un auto particular se hizo el traslado de “gran cantidad de bolsas negras tipo consorcio” que fueron tiradas “en el basural”.
El 11 de diciembre ya no estaban “los legajos del personal”, como tampoco las computadoras y mobiliarios.
La denuncia también revela que cuando Lucero “estaba refaccionando su casa, con su familia se instaló a vivir en las suites y habitaciones” que tiene el lugar y que están preparadas para los artistas que van a grabar.
“Disponiendo de los recursos públicos en beneficio propio y sus allegados, la Casa de la Música se convirtió en el Hotel de Anabela y Joaquín con servicios completos (comidas incluidas) solventadas con los impuestos de los contribuyentes”, se señaló.
Otra de las irregularidades, y de las más graves tiene que ver con el presupuesto que la ex diputada tuvo a disposición desde el 1° de enero hasta el 30 de noviembre de 2023. Se detectó que el Estado le otorgó al Complejo Molino Fénix fondos que ascendieron a 1.061 millones de pesos. Es decir, se gastó cerca de 100 millones por mes.
LA EX FUNCIONARIA ANABELA LUCERO FUE CITADA A INDAGATORIA EN UNA CAUSA POR CORRUPCIÓN
