LA FISCALÍA PODRÍA PEDIR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO FALTANTE EN OBRAS AL DIPUTADO NACIONAL ERNESTO “PIPI” ALÍ Y A LOS EX MINISTROS LUCIANO ANASTASI Y CLAUDIO LATINI
El jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salmerón explicó que se dispuso la inhibición de los bienes de los imputados para garantizar su solvencia.
Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, detalló que en el caso de que exista una sentencia condenatoria, Ernesto “Pipi” Alí, Luciano Anastasi y Claudio Latini podrían recibir penas que los obliguen a devolver el dinero vinculado a contrataciones por “obras millonarias” que quedaron en la nada. Situación que complicaría al ex intendente de La Toma, Alí, quien aseguró estar “crocante de seco”, en referencia a su capacidad económica.
“Teniendo en cuenta que está en juego la administración pública, puede haber penas accesorias en donde deban devolver dinero o se reclame algún tipo de monto”, aclaró a la prensa el abogado querellante. Y justificó: “La medida cautelar, que es una inhibición de bienes por 120 días, es justamente para garantizar que los imputados estén solventes en caso de llegar a esa situación”.
Este jueves se realizó en el Poder Judicial la audiencia de Formulación de Cargos en la que se imputó por defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los dos ex ministros de Seguridad, Anastasi y Latini, y al intendente en uso de licencia de La Toma y actual diputado nacional, Ernesto “Pipi” Alí; Jeremías Vivas, ex intendente de San Francisco del Monte de Oro; y Mario Canali, ex intendente de Cortaderas.
“Está acreditado, como lo expuso el ministerio Público Fiscal, que la plata salió del Gobierno e ingresó a los municipios. Sin embargo, están las contrataciones, que inclusive fueron verificadas por inspecciones judiciales, y cómo después las obras quedaron en total abandono. Ese dinero quedó absolutamente en la nada y está constatado”, explicó Calderón Salomón tras tres horas de intensa audiencia donde las declaraciones, casi a los gritos, de los imputados se escuchaban desde afuera: un “¡que expliquen qué hice!”, de Alí; y otro “esto es una locura”, de Anastasi.
El jefe de Sala Penal aclaró que los imputados en ningún momento pudieron justificar a dónde fue el dinero. Los contratos, que se firmaron entre 2022 y 2023, consistieron en $28.801.501 para obras en La Toma, $17.337.351 en San Francisco del Monte de Oro y otros $14.993.638 en Cortaderas. Las sumas estaban destinadas a refaccionar y reacondicionar destacamentos de bomberos, espacios de la Secretaría de la Mujer, comisarías y dependencias de la Policía como Criminalística, Investigaciones, Canes y un comedor.
“Incluso, hay rescisiones de los contratos en algunos casos, pero sin devolución del dinero, por supuestas ‘cuestiones del país’”, apuntó. Y recordó que “previo a eso hay transferencias y declaraciones de testigos que manifiestan irregularidades, como excesos en los anticipos provisorios teniendo en cuenta el tipo de contratación”.
Calderón Salomón también habló de un claro “modus operandi” y señaló que el esquema se repitió en las tres intendencias con idénticas contrataciones, falencias y omisiones. Adelantó que cuentan con testimonios, que sumarán a su presentación, con policías y trabajadores asignados a las obras que, de un día para el otro, les suspendieron el trabajo.
Tanto Alí como Anastasi, en declaraciones con la prensa aseguraron que las obras estaban terminadas y señalaron al actual gobernador Claudio Poggi por inaugurar una de ellas; a lo que el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado respondió: “Que digan eso llama la atención, pero es parte de las declaraciones que hicieron y es su derecho. Están las constataciones de cómo quedaron las obras con la gestión anterior, cuánto dinero recibieron y en qué condiciones quedaron en ese entonces. Luego, el Gobierno posterior decidió terminarlas”.
El abogado querellante remarcó que esta audiencia fue solo el inicio del caso y que desde el Ministerio Fiscal cuentan con pruebas importantes que van desde testimonios hasta transferencias bancarias.
LA FISCALÍA PODRÍA PEDIR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO FALTANTE EN OBRAS AL DIPUTADO NACIONAL ERNESTO “PI
