LA JUSTICIA SUSPENDIÓ OTRA VEZ UNA AUDIENCIA CONTRA EL EX MINISTRO DE SEGURIDAD, CLAUDIO LATINI
El juez de Garantía N°1, Juan Manuel Montivero Chada, accedió a una solicitud de la defensa del ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá. Se dispuso 10 días para culminar de recolectar la carga probatoria.
Por cuarta vez, la Justicia decidió suspender la audiencia de control de acusación contra el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini ante un planteo de sus defensores, Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez.
Estaba previsto que se desarrolla este martes a las 9 pero el juez de Garantía N°1, Juan Manuel Montivero Chada, accedió a la solicitud y pospuso este paso fundamental para la causa que investiga al ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá por peculado en concurso real con daño agravado por haber sustraído bienes del Estado provincial.
La Fiscalía iba a acusar formalmente a Latini e iba a presentar las pruebas que lo incriminan. Entre los pedidos se encuentra una condena de dos años y medio de prisión en suspenso.
Concretamente, esta audiencia es la instancia previa a la elevación a juicio porque si el magistrado hace lugar, inmediatamente se eleva al Colegio de Jueces para la fijación de fecha del debate oral.
De acuerdo a la acusación, Latini se llevó objetos de la oficina que ocupó en la Casa de Gobierno y utilizó un móvil con dos policías para que llevaran las pertenencias a su vivienda en Juana Koslay.
La Justicia suspendió otra vez la audiencia de acusación contra el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini.
Según la investigación, el 7 de diciembre de 2023 (tres días antes del recambio del Gobierno) alrededor de las 18:30, Latini se comunicó por teléfono con el cuerpo de Tránsito de la Policía y ordenó que se enviara un móvil al edificio donde se desempeñaba para cargar electrodomésticos, muebles y equipos informáticos.
Entre las cosas estaba una cafetera Nescafé cápsula monodosis/dolce, un sofá de tres cuerpos Mónaco Stone, una mesa centro Eiffel, dos televisores LED de 43’ marca Hisense, una capturadora portátil Intel, un disco duro con las memorias de las cámaras del dispositivo DVR que encontraba en la oficina, cuatro sillas fijas para oficina y tres monopatines eléctricos con sus kits de protección.
Para Ibáñez y Gómez el pedido se fundamenta en que no disponían de un oficio donde se informa sobre cuáles fueron los bienes sustraídos, quién recibió los elementos robados, junto a la copia y el certificado del libro de guardia.
También pretenden conocer si el móvil 1077 fue a Terrazas de Portezuelo y que se indique e horario de salida y regreso. Y por último buscan saber sobre otro vehículo que pertenece al Cuerpo de Tránsito. La pregunta es si fue a Casa de Gobierno, adjuntando el horario de salida y regreso.
Previamente, la defensa pidió dos oficios. El primero dirigido a la Comisaría N° 1 que fue respondido antes de la audiencia.
Y el segundo al Cuerpo Tránsito. “No tuve la misma suerte en esa oportunidad en la cual el comisario Mario Rivarola dijo que no lo podía recibir. Por su parte, el comisario General de Caminera, Ariel Rivero me manifestó que solamente lo aceptarían si provenía de la Fiscalía”, explicó Ibáñez.
El fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito puntualizó que la causa data de hace casi un año y que la acusación se puso a disposición el 20 de octubre para la Fiscalía de Estado y el 29 para la defensa.
“La Fiscalía siempre estuvo a disposición porque todas y cada una de las veces que se quiso formular cargos nos han pedido más tiempo porque uno viajaba o porque el otro tenía un curso. Hemos sido por demás tolerantes, condescendientes”, sostuvo Barbeito.
Más allá de esto, el funcionario contempló el pedido de la fiscalía.
“El 5 de diciembre han enviado a mi fiscalía una cédula a efectos de colaborar con la defensa y recién ayer salió, pero solo por mi demora de un día hábil en mandar ese oficio entiendo que se pueda dar lugar al pedido. No tenemos objeciones de que se otorgue una semana para que podamos celebrar esta audiencia, pero es intención del ministerio Público Fiscal que antes que termine el año y que comience la feria judicial esta causa pase por el control de acusación”, indicó.
El jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón dijo que “todo el trabajo realizado para llevar la causa al día no se ve reflejado porque se va dilatando”.
“Al ser un delito de corrupción, la gente y la sociedad espera un resultado de la Justicia”, consideró y señaló que “hay una estrategia con el fin de retrasar una vez más la causa”.
Finalmente, Montiveros Chada otorgó 10 días para culminar con la recolección de la carga probatoria y manifestó que “no se puede perder de vista el tiempo perdido”.
LA JUSTICIA SUSPENDIÓ OTRA VEZ UNA AUDIENCIA CONTRA EL EX MINISTRO DE SEGURIDAD, CLAUDIO LATINI
