LA “TRIPLE IDENTIDAD” DE CINTIA RAMÍREZ QUE LA LLEVÓ A LA CONDENA: 188 TRANSFERENCIAS Y UN PERJUICIO AL ESTADO DE $166 MILLONES
La Justicia la encontró culpable de negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionaria pública por un esquema de pagos desde el Ente Deportes al San Luis Fútbol Club, que ella misma presidía. El monto total superó los $166 millones.
La condena contra Cintia Ramírez se sustentó en un mecanismo administrativo que, durante más de dos años, permitió canalizar fondos públicos hacia el San Luis Fútbol Club mediante 188 transferencias que totalizaron $166.612.154.
Por unanimidad, los jueces Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso, la encontraron culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública, y la condenaron a un año y seis meses de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Según se acreditó en el expediente y durante el debate oral, el esquema funcionaba a partir de un circuito en el que la propia Ramírez —en su triple rol como secretaria de Deportes, presidenta del Ente y presidenta del club— autorizaba pagos de bienes y servicios que terminaban siendo utilizados por la institución que ella misma conducía.
El mecanismo: cómo se autorizaban y ejecutaban los pagos
Las transferencias se realizaban a través de expedientes administrativos que se iniciaban con una solicitud de compra o contratación. A partir de allí, el trámite requería la autorización de la presidencia del Ente Deportes —cargo que ocupaba Ramírez— para avanzar por las distintas áreas hasta la emisión de la orden de pago y la transferencia final.
Durante el juicio, distintos testigos coincidieron en que sin esa firma el procedimiento no podía iniciarse ni completarse, lo que ubicó a la ex funcionaria en una posición central dentro del circuito.
Ese esquema permitió financiar con recursos del Estado provincial una amplia variedad de gastos del San Luis Fútbol Club, en un mecanismo que la Justicia consideró incompatible con el ejercicio de la función pública.
Las 188 transferencias: montos, conceptos y destino
El expediente detalla una extensa serie de pagos vinculados al funcionamiento cotidiano del club, que abarcaban desde servicios directamente relacionados con la actividad deportiva hasta gastos de uso habitual.
Entre los conceptos se incluyeron traslados de jugadoras, servicios de ambulancia, hospedaje, alimentación, insumos kinésicos, equipamiento deportivo, tecnología, indumentaria y productos de consumo.
Los montos variaban desde cifras menores hasta sumas millonarias. Hubo pagos por cientos de miles de pesos para servicios puntuales, pero también transferencias que superaron los $7 millones, además de desembolsos reiterados para becas y gastos operativos.
Entre los ejemplos que se exhibieron durante el debate se encuentran servicios gastronómicos, compras de electrodomésticos como lavarropas, contrataciones de streaming, adquisición de dispositivos tecnológicos —como sistemas GPS de monitoreo deportivo—, bebidas isotónicas, proteínas, elementos de blanquería, conservadoras y botellas personalizadas.
De acuerdo con la acusación y la prueba incorporada, todos esos bienes y servicios tenían como destino el San Luis Fútbol Club.
El destino de los fondos: un club con recursos poco habituales
Uno de los puntos que más peso tuvo durante el juicio fue la descripción del funcionamiento interno del club y los recursos con los que contaba.
La interventora Natalia Sarmiento relató que, durante su paso por la institución, encontró una gran cantidad de insumos, materiales deportivos y equipamiento que no resultan habituales en otros clubes de la provincia.
Mencionó pelotas, indumentaria, proteínas, bebidas isotónicas, insumos médicos y equipamiento tecnológico, y destacó especialmente la presencia de pecheras con GPS, una herramienta propia del alto rendimiento profesional.
“Me llamó la atención la cantidad de elementos con los que contaba el club, que pocas veces lo he visto en otros clubes”, declaró, y comparó esa situación con otras instituciones locales que, según indicó, cuentan con recursos significativamente más limitados.
La “triple identidad”: el eje de la acusación
Desde el inicio del juicio, la fiscalía sostuvo que el caso se apoyaba en lo que definió como una “triple identidad” de Ramírez: secretaria de Deportes, presidenta del Ente y presidenta del San Luis Fútbol Club.
Ese concepto fue retomado tanto en los alegatos de apertura como en los de cierre, donde el fiscal Francisco Assat Alí planteó que esa superposición de roles le permitía intervenir en todas las etapas del circuito: desde la autorización de los pagos hasta el destino final de los bienes y servicios.
“Todos los testigos coincidieron en que sin su autorización los pagos no se habrían producido”, remarcó durante su exposición final, al sostener que la firma de la funcionaria resultaba determinante para poner en marcha el mecanismo administrativo.
En la misma línea, la querella insistió en que Ramírez tenía pleno conocimiento de cada movimiento y que no podía escindirse su rol institucional del beneficio que recibía el club. “En ese pedido estaba Ramírez”, expresó el representante de Fiscalía de Estado al referirse a la operatoria.
“Una institucionalización de la corrupción”
La continuidad en el tiempo del circuito de pagos fue uno de los ejes centrales de la acusación durante los alegatos finales.
Assat Alí sostuvo que no se trató de hechos aislados, sino de un esquema reiterado que se extendió durante al menos dos años, con 188 transferencias vinculadas al funcionamiento del San Luis Fútbol Club.
“Fueron dos años manteniendo esta conducta, autorizando pagos”, señaló, al remarcar la repetición del mecanismo administrativo.
En ese contexto, fue más allá y definió el funcionamiento del sistema con una de las frases más contundentes del juicio: “En este tipo de delitos nos encontramos con estructuras para que puedan funcionar. Una institucionalización de la corrupción”.
La querella coincidió con ese planteo y reforzó la idea de una operatoria sostenida en el tiempo con impacto sobre fondos públicos. “Los verdaderos damnificados del patrimonio público son los ciudadanos”, expresó su representante al momento de los alegatos.
por Antonella Camargo
LA “TRIPLE IDENTIDAD” DE CINTIA RAMÍREZ QUE LA LLEVÓ A LA CONDENA: 188 TRANSFERENCIAS Y UN PERJUICIO
