LOS EX MINISTROS ALBERTISTAS ERNESTO “PIPI” ALÍ, LUCIANO ANASTASI Y CLAUDIO LATINI FUERON IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN
La Justicia formuló cargos contra los ex funcionarios y otros dos ex intendentes por fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes. La investigación se originó en una denuncia de la ministra de Seguridad, Nancy Sos
La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, encabezó este jueves una extensa audiencia de formulación de cargos por delitos de corrupción en la que quedaron imputados tres ex ministros de Seguridad del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y dos ex intendentes alineados con él.
Minutos antes de las 9 comenzaron a arribar al subsuelo del Poder Judicial, el intendente de La Toma en uso de licencia y actual diputado Nacional, Ernesto “Pipi” Alí, los ex ministros de Seguridad, Luciano Anastasi y Claudio Latini, quienes ocuparon el mismo ministerio en distintos períodos. Y el ex intendente de San Francisco, Jeremías Vivas, y el ex jefe comunal de Cortaderas, Mario Canali.
La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, acompañada por la fiscal Adjunta, Roxana Alcaraz, relató los hechos y les atribuyó a los cinco los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luego de escuchar a todas las partes y de un cuarto intermedio, Banó dio por admitida la formulación y concedió las medidas de coerción requeridas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). De esta manera, los acusados deberán firmar el libro de imputados durante cuatro meses, no podrán salir de la provincia en ese mismo plazo (excepto Alí por su función en el Congreso de la Nación) y se dispuso la inhibición general de bienes junto a la prohibición de contratar.
“No hubo ni comienzo, ni avance, ni finalización de las obras”
En su exposición, la fiscal Maluf describió un patrón repetido en todos los convenios: transferencias millonarias y nula ejecución. En el primer hecho, apuntó a Anastasi, Latini y Alí. El 16 de agosto de 2022, el ministerio de Seguridad y la Municipalidad de La Toma celebraron tres contratos por un total de $28.801.501.
El primero, por $9.947.695, era para la refacción de la Comisaría de la Mujer y el comedor de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 6. El segundo, por $8.894.645, tenía como objeto el destacamento de bomberos. El tercero, por $9.959.161, era para criminalística, investigaciones y canes.
Las fiscales Roxana Alcaraz y Linda Maluf. (Foto Lautaro Sánchez)
Se pactaron adelantos del 30% y plazos de 60 días para terminar las obras. Sin embargo, según la fiscal, la primera transferencia recién se concretó el 24 de agosto de 2022 por $8.640.453, y una segunda el 5 de mayo de 2023 por $11.520.690, cuando no había registro de avances.
“Lo que es peor aún, se rescindieron todos los contratos justo antes de que asumiera la nueva gestión de gobierno. Ni siquiera se exigió un detalle de los trabajos realizados, pese a que ya se habían transferido millones”, subrayó la fiscal.
El segundo hecho alcanzó a Anastasi, Latini y Vivas. En noviembre de 2022 se firmaron dos contratos con la Municipalidad de San Francisco. Uno para la refacción de la comisaría distrito 14 por $8.173.390. Otro para la jefatura de la UROP 5 por $9.163.961.
El 7 de diciembre de 2022 se giraron $5.201.205 como anticipo. Pero en octubre de 2023, Latini volvió a rescindir los convenios bajo el mismo argumento de “inestabilidad económica”. En marzo de 2024, una constatación judicial corroboró que los edificios permanecían en estado de abandono, con deficiencias eléctricas, paredes despintadas y sin medidas de seguridad.
Ernesto Alí, Luciano Anastasi y Claudio Latini. (Foto Lautaro Sánchez)
El tercer hecho tuvo como protagonistas a Latini y Canali. En junio de 2023 se firmó un contrato por $14.993.638 para la refacción de la subcomisaría N°22 de Cortaderas. Se realizaron tres transferencias: $5.997.455 el 5 de junio, $1.499.363 el 6 de julio y $2.998.727 el 29 de agosto. En noviembre de 2023, poco antes del cambio de gestión, el convenio fue rescindido nuevamente sin que hubiera ni inicio de los trabajos.
“Volvemos a observar el mismo modus operandi (…) Se transfirieron sumas millonarias, se rescindieron contratos y no hubo obras ejecutadas”, insistió Maluf.
La audiencia se realizó ante la jueza Luciana Banó.
“No es un mero incumplimiento contractual, sino un fraude al Estado”
En representación de la Fiscalía de Estado, el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, intervino como parte querellante y se alineó con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.
“Vamos a adherir en un todo a la formulación de cargos que ha encabezado el Ministerio Público (…) lo que queda claro en esta instancia también, su señoría, es el modo. Coincidentemente sucedió lo mismo en tres localidades. Mismas transferencias, cuando constataban que no había avance, volvían a transferir más. Este tipo de acción sin lugar a duda tiene una connotación de dolo, de intención”, sostuvo.
Santiago Calderón Salomón. (Foto Lautaro Sánchez)
Calderón Salomón advirtió que el patrón repetido en La Toma, San Francisco y Cortaderas no podía ser explicado como un simple incumplimiento administrativo: “Claramente lo que estamos viendo acá, su señoría, no es un mero incumplimiento contractual sino un fraude al Estado”. Mientras exponía, Alí reaccionaba con visible molestia, hacía gestos y susurraba.
Remarcó que perseguir estos hechos es parte de una política de transparencia: “Lo que busca esta fiscalía es que se investigue a rajatabla para lograr la transparencia en las acciones de los tan discutidos políticos (…) acá está en juego no solo si los funcionarios utilizaron el dinero en beneficio propio, sino también la confianza del ciudadano”.
“Esto es una causa netamente política”
En su declaración, Luciano Anastasi, que se presentó como empresario, buscó desligar su responsabilidad y apuntó directamente contra el gobernador, Claudio Poggi, porque “pretende utilizar este Poder del Estado para perseguir y acallar voces opositoras”.
Sostuvo que no existen motivos jurídicos para que se lo impute: “En mi caso en particular, no hay ni siquiera excusa. La fiscal ha relatado los hechos, que en mi caso son haber sido ministro, celebrado un contrato y transferido el anticipo que ese contrato indicaba. El contrato es legal, la transferencia es legal, se hizo al municipio y luego dejé la función. Ni siquiera hay excusa para que yo esté acá”.
Luciano Anastasi. (Foto Lautaro Sánchez)
Según su testimonio, los convenios formaban parte de “un plan de obra pública para refaccionar 200 comisarías en más de 50 localidades” y los inconvenientes se explican en el contexto inflacionario. “Todo esto es una locura y se va a demostrar en el expediente”, añadió.
Criticó las medidas de coerción requeridas por el MPF: “Me piden una inhibición de bienes cuando tengo personal a cargo, cuando tengo un comercio en marcha”.
La defensora oficial Stefania Cifuentes no se opuso a la formulación de cargos, pero sí cuestionó las restricciones, al señalar que Anastasi tiene hijas estudiando en otra provincia y suele viajar con frecuencia.
“La formulación de cargos es un calco de la denuncia”
A diferencia de otros imputados, Latini decidió abstenerse de declarar. En su lugar, lo hizo su abogado, Cristóbal Ibáñez, quien cuestionó de manera tajante la acusación. “No es lo que realmente ha sucedido. Hay un déficit en la formulación de cargos, insuficiencia de prueba. La formulación de cargos es un calco de la denuncia”, afirmó.
El defensor negó que existiera un modus operandi, como sostuvo la Fiscalía, y planteó que se trataba de convenios de obra pública que finalmente fueron rescindidos “para no generar un perjuicio mayor al Estado”.
También resaltó que en un inicio la investigación estuvo en manos de la Fiscalía N°1, que no formuló cargos por “no encontrar criterios suficientes”. “Es muy informal esta formulación de cargos. La falta de pruebas es evidente. Hay solo dos entrevistas y escasos elementos”, agregó.
Claudio Latini. (Foto Lautaro Sánchez)
Ibáñez se opuso especialmente a la medida de inhibición de bienes, argumentando que “pudo haberse dispuesto un embargo” y calificándola de excesiva. Además, pidió el rechazo de la formulación de cargos.
La situación de Latini se complejiza aún más porque ya enfrenta otra causa: el próximo mes será juzgado por delitos de corrupción, acusado de haber sustraído bienes de la Casa de Gobierno.
“Esto es una causa política escandalosa”
En su intervención, Alí descalificó de plano la investigación y cargó contra el gobernador Poggi. “Es una pérdida total de tiempo. Le pedimos perdón a la jurisdicción por esta barbaridad política que ha hecho el gobernador Poggi una vez más, porque las obras están, los trabajadores estuvieron, es todo falso”, aseguró.
A lo largo de su estadía en Tribunales se mostró en todo momento histriónico. Con comentarios, actitudes y gestos intentaba llamar la atención para salir de la posición de acusado y ahora imputado de corrupción.
El dirigente dijo que los trabajos cuestionados en La Toma sí se concretaron: “Uno viaja a La Toma y ve las tres obras, habla con los albañiles y listo. Está el contrato, está la transferencia, está la documental y está la obra”.
Ernesto Alí. (Foto Lautaro Sánchez)
En ese marco, adelantó que propondrá a Poggi como testigo en el expediente: “Voy a proponer al gobernador como testigo para que diga si lo que nosotros hicimos es legal o ilegal. No ha habido ningún tipo de delito. Esto es una causa política escandalosa”.
“No me van a callar y no me van a meter miedo jamás porque no les tengo ningún tipo de miedo”, expresó en la declaración que se extendió cerca de 20 minutos.
Su abogado, Nedo Gómez, reforzó la línea de defensa política. Calificó la imputación como “carente y tendenciosa” y aseguró que Alí siempre actuó dentro de la ley. “Estamos en presencia de una persecución política encubierta en la presunción de un supuesto delito que no existe. Es una cacería de brujas”, sentenció, al oponerse a las medidas de coerción.
“Yo jamás me quedé con plata de nadie”
En su declaración, Canali rechazó las acusaciones y defendió la ejecución de la obra pactada en Cortaderas. “Me dieron dinero para hacer una ampliación. Todo se hizo. Nos faltaban aires acondicionados y Latini me preguntó si llegábamos al 9 de diciembre. Como no llegábamos, lo rescindimos. Puedo traer testigos que vieron lo que se hizo. Lo terminé con fondos nuestros”, aseguró.
Mario Canali. (Foto Lautaro Sánchez)
El ex intendente planteó además su situación personal y económica, y remarcó que no obtuvo ningún beneficio de los fondos públicos. “Dudo del reality investigativo. Yo jamás me quedé con plata de nadie. Obviamente que esto es una persecución política”, reiteró.
La defensora oficial, Stefania Cifuentes, no objetó la formulación de cargos, pero se opuso a las medidas de coerción requeridas por la Fiscalía.
“Es una línea de investigación pobrísima”
Vivas optó por abstenerse de declarar. En su representación habló su abogada, Estrella Marín, quien rechazó la acusación del Ministerio Público Fiscal y defendió la transparencia de su gestión en San Francisco.
“Me opongo a todo lo formulado por el MPF. Es real el convenio y la rescisión. En octubre la Municipalidad presentó un informe de esa obra, el avance y los gastos. Todo se llevó adelante con transparencia administrativa”, sostuvo.
Jeremías Vivas y su defensora, Estrella Marín. (Foto Lautaro Sánchez)
Marín negó la existencia de dolo y de perjuicio al Estado: “No hay dolo, no hay daño. No hay prueba de enriquecimiento. Se utiliza el derecho penal en algo que debería ser administrativo. No hay incumplimiento por motus propio, fue por una causa externa”.
También objetó las medidas de coerción y cuestionó que se responsabilizara a su defendido por los fondos transferidos. “No pudieron demostrar que Vivas se quemó los 5 millones. Es una caza de brujas”, aseveró.
La decisión de Banó
La audiencia se reanudó a las 12:39 con la palabra de la jueza, quien rechazó los planteos defensivos y confirmó la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
“Entiendo que no ha habido arbitrariedad en la formulación. Tampoco es un capricho, un antojo del juez el no tener por formulados cargos. La naturaleza jurídica de la formulación es una notificación para que las partes puedan enterarse de la apertura de una investigación penal preparatoria en su contra”, señaló.
Resolvió la firma del libro de imputados: todos los acusados deberán concurrir a la Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días. Sumó la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo para todos, con excepción de Alí por su condición de diputado nacional. Y agregó la inhibición general de bienes aplicable a todos por igual plazo, al tratarse de un presunto delito penal económico con el Estado provincial como damnificado.
por Antonella Camargo
LOS EX MINISTROS ALBERTISTAS ERNESTO “PIPI” ALÍ, LUCIANO ANASTASI Y CLAUDIO LATINI FUERON IMPUTADOS
