MUERTE EN LA COMISARÍA DE SANTA ROSA DEL CONLARA: LA FAMILIA DE FLORENCIA MAGALÍ MORALES APELÓ LA IMPUTACIÓN Y RECHAZA LA HIPÓTESIS DE SUICIDIO
La querella cuestionó en parte la resolución dispuesta por la Justicia y pidió que se investigue como femicidio. También objetó el rol atribuido a dos policías imputadas por omisiones.
A casi seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara, la causa sumó otro capítulo judicial. La familia apeló parcialmente la formulación de cargos dictada por el juez de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción, Nicolás Coppola, y volvió a cuestionar la hipótesis de suicidio sostenida por la Fiscalía.
El planteo fue presentado por el abogado querellante Federico Putelli, quien expresó su desacuerdo con aspectos centrales de la resolución judicial, en particular con la calificación legal de dos de las policías imputadas y con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal.
El lunes, Coppola procesó al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y al oficial Marcos Ontiveros por “privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en concurso real.
Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
Florencia Morales.
En tanto, la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres fueron imputadas por “omisión de denunciar torturas” y “omisión o retardo de actos de oficio”. En el caso de Argüello, además, se agregó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para ambas se dispusieron medidas restrictivas: no podrán salir de la provincia ni del país durante 120 días, deberán firmar periódicamente en sede judicial y tienen prohibido acercarse a familiares de la víctima.
Sin embargo, Putelli considera que esa imputación es insuficiente. Sostuvo que las dos mujeres policías también deberían ser consideradas coautoras de torturas agravadas seguidas de muerte.
“Es irrisorio que se las impute solo por omisión. Ambas estuvieron en la comisaría durante todo el tiempo, una de ellas incluso comunicó la muerte a la familia y dio información falsa sobre lo que estaba ocurriendo”, cuestionó el abogado.
Otro de los ejes de la apelación es la teoría del suicidio sostenida por la fiscal de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, Adriana Cangelosi.
Según esa hipótesis, el fallecimiento se produjo como consecuencia directa del cuadro de tortura psicológica y física que sufrió Morales durante su detención, que se extendió por casi 10 horas sin orden judicial, en condiciones precarias y sin asistencia médica pese a sus reiterados pedidos.
La querella rechaza esa interpretación y sostiene que se trató de un femicidio: “No estamos de acuerdo con la introducción de la posibilidad de un suicidio”.
El letrado también denunció irregularidades en la investigación. Entre ellas, mencionó la desaparición de elementos de prueba que podrían haber sido determinantes para establecer la mecánica de la muerte.
“Se perdió información clave, como registros que podrían indicar si hubo intervención de terceros o no. Eso condiciona cualquier análisis serio del caso”, indicó.
En ese sentido, agregó que la calificación actual (torturas seguidas de muerte) tiene una expectativa de pena similar a la del femicidio, pero insistió en que la reconstrucción de los hechos y la atribución de responsabilidades deben reflejar, a su criterio, un homicidio agravado.
Con la apelación ya presentada, la definición sobre estos puntos quedará ahora en manos de un órgano superior, que deberá revisar la calificación legal de los hechos.
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