PIDIERON LA CITACIÓN A INDAGATORIA A 12 ACUSADOS DE INTEGRAR UNA RED DE APROPIACIÓN ILEGAL DE PROPIEDADES
Entre los denunciados está el abogado, Juan Cruz Domínguez. A dos años de la denuncia, un fiscal solicitó que se fije la fecha de la audiencia de formulación de cargos.
La escandalosa causa que implica al menos a doce personas por fin salió de su letargo porque después de dos años, el fiscal Francisco Assat Alí solicitó a la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, que fije fecha para la audiencia de imputación que tendrá en el banquillo a los acusados de integrar una asociación ilícita que utilizó de forma espuria herramientas legales del propio Poder Judicial de San Luis para apropiarse de una serie no determinada de propiedades.
El abogado Juan Cruz Domínguez está considerado como líder de la presunta red ilícita. La causa, de seguir avanzando, podría generar una repercusión enorme ya que, según la denuncia, el rol de los supuestos estafadores atraviesa distintas esferas de la Justicia.
El fiscal Assat Alí pidió a la jueza Banó fecha y hora para oficializar la imputación de integrar una posible banda que se quedó con costosos inmuebles a: Hugo Guzmán, Juan Sosa, Alberto Ochoa, Héctor Herrera, José Héctor Jofré, Mario Vega, Carlos Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor Escobar, María de los Ángeles Toscano y a Walter Terceros.
Los denunciantes son los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone. Hace más de dos años ambos realizaron una investigación en la que dieron con 25 casos (aunque creen que los damnificados podrían ser miles) donde todo el grupo tenía un rol en las maniobras para despojar a gente de sus terrenos o inmuebles. Ellos descubrieron las estafas cuando intentaron desarrollar su ardid en perjuicio de un familiar de los abogados Pipitone.
Si bien, según la denuncia, los sospechosos tenían "bien aceitados" a diversas personas en distintos organismos relacionados al registro de propiedades y el pago de impuestos, la gravedad del caso apunta también a vínculos judiciales.
"Nosotros observamos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y estrechos vínculos que tienen con miembros del Poder Judicial", destacó Maximiliano Pipitone en una entrevista que hace tiempo concedió a El Chorrillero.
Según la pesquisa paciente y detallada de los abogados Pipitone, la organización utilizaba domicilios falsos para las notificaciones judiciales. Eso dejaba en rebeldía a los demandados -quienes nunca se enteraban de que habían sido intimados- y de ese modo facilitaba sentencias exprés a favor de la supuesta asociación.
Sin embargo, la acusación tiene capítulos más graves ya que todas las organizadas acciones de la banda apuntaban a la apropiación de inmuebles, para llegar a ese objetivo ejecutaban otros delitos. "Lo que detectamos fue una maniobra de un grupo de personas, por eso hablamos de una asociación, cuyo objetivo era apropiarse de manera entre comillas ‘legal’ de los inmuebles o sacarle su documentación y así ‘lavarles’ la escritura. Todo utilizando el servicio de Justicia, fingiendo que todo era legal, para sacar una nueva escritura para que el dominio de ese inmueble quede en perfectas condiciones y así, luego, poder venderlo o utilizarlo para distintos fines", destacó Maximiliano Pipitone.
"Las distintas situaciones generaron delitos como usurpación de inmuebles y dentro de cada proceso acciones como falsificación de documentos, declaraciones testimoniales falsas, falsificaciones de firmas de escribanos, sellados y timbrados falsos no solo de la Dirección de Rentas, también del Banco Supervielle", afirmó Sebastián Pipitone.
Para que el andamiaje funcionara, los abogados advirtieron que había tres puntos claves para que los inmuebles a apropiarse ingresaran en su órbita: que el titular hubiese fallecido, que la empresa esté quebrada o que el dueño viviese en otra provincia. "Para todo eso hacen falta muchos actores. Por eso hay muchos involucrados. Desde policías, porque se presentaron falsas denuncias que no figuran en los registros y hasta escrituras públicas falsificadas o certificaciones de firmas totalmente truchas. Para obtener toda la información de los terrenos ideales para ellos, trabajaron en estamentos de la municipalidad, Fiscalía de Estado y varias áreas del Poder Judicial. Con datos de esas entidades seleccionaron los inmuebles", reveló Maximiliano Pipitone.
Situación complicada
Por otra parte, la situación judicial de cada uno de los integrantes de la supuesta banda es complicada ya que en las maniobras que realizaban para apoderarse de los inmuebles, los falsos denunciantes siempre eran los mismos, solo rotaban sus roles. Según la investigación, Hugo Guzmán, Sergio Correas y Javier Ochoa figuran en unas mil demandas. "En una de las propiedades, Guzmán manifestó ser el dueño y las pruebas que presentó eran recibos de gente que había trabajado en tareas de mantenimiento de esa casa. Los obreros eran, precisamente, Correas y Ochoa. En otro caso el rol se invertía. Ochoa impulsaba el juicio, Correas era testigo y Guzmán cortaba el pasto", contó Maximiliano Pipitone.
Igualmente, y lo más grave de la causa es que cuando los Pipitone -y otros ciudadanos- realizaron la denuncia de todo lo que hacía este grupo, tras ingresar la acusación la Unidad de Abordaje Fiscal, "los expedientes no se movían o eran archivados. Ninguno logró que se investigara nada. Todas las causas fueron archivadas porque prescribieron de la acción penal", reveló.
PIDIERON LA CITACIÓN A INDAGATORIA A 12 ACUSADOS DE INTEGRAR UNA RED DE APROPIACIÓN ILEGAL DE PROPIE
