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¿POR QUÉ EL GOBIERNO INTERVINO SAN LUIS FÚTBOL CLUB?

Se advirtieron y denunciaron una serie de hechos irregulares que habrían cometido funcionarios de Alberto Rodríguez Saá. La ex secretaria de Deportes que presidía la entidad fue denunciada penalmente.

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  Radio Rivadavia

Mientras el equipo femenino San Luis Fútbol Club descollaba en tiempo récord con una campaña histórica que lo situaba en la cima a nivel nacional, en las sombras tenían lugar tejes y manejes por parte de funcionarios-dirigentes con recursos públicos, según denunciaron las nuevas autoridades de la Provincia.

El nuevo Gobierno verificó que hubo del Tesoro a la institución una monumental transferencia de partidas que se administraron de forma discrecional al punto que se cometieron “hechos de corrupción”.

Con la documentación en la mano se avanzó en dos frentes: 1) se formalizaron demandas penales y 2) se intervino el club por 90 días.

El pasado 29 de diciembre, un triunvirato designado por el Gobierno asumió la conducción de San Luis Fútbol Club para encarar un ordenamiento integral y regularizar el funcionamiento.

Para empezar se transparentó que SLFC estuvo mucho tiempo flojo de papeles. Desde el 6 de enero de 2023 existe como tal a partir del dictado de la resolución N°04-DPCyFPJ.

El club, que por lejos tenía el mayor financiamiento oficial, cuenta con 136 socios adherentes, pero sólo 10 son los activos con voz y voto en asambleas.

La Dirección de Personas Jurídicas inspeccionó el domicilio declarado como sede social. La actuación arrojó que allí no funciona la sede social ni ningún otro espacio ocupado por la misma.

Fue ideado por el Gobierno y manejado por funcionarios como patrimonio propio en el interior de cuatro paredes de un despacho en Terrazas del Portezuelo.

La presidente era la consentida funcionaria de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez. Destinaba fondos de la secretaría de Deportes a otro organismo que ella también presidía, el Ente de Deportes. Desde esta repartición giraba la plata al club, cuya comisión directiva estaba integrada por su pareja, Agustín Alessio como vicepresidente y un funcionario de su área como revisor de cuentas. Es decir, quien tenía que controlarla era un subordinado.

Estas maniobras fueron denunciadas porque configuraban “incompatibilidades y un conflicto de intereses”, teniendo en cuenta su posición. Intervenían el jefe de Programa de los Centros Deportivos, Alessio; el gerente General del ente y revisor de cuentas, Javier Santagata; la secretaria privada de la ex funcionaria y jefa de compras del ente, Miriam Leguizamón; y la jefa del programa de Eventos Deportivos y vocal segunda de San Luis Fútbol Club, Vanina Brito.

El 7 de diciembre, Ramírez convalidó la transferencia de $300 millones, que derivó en una investigación por malversación de fondos públicos. Por este tipo de hechos, también se la acusa de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, peculado y fraude en perjuicio de la administración pública.

Desde la administración de Claudio Poggi detectaron sólo el año pasado giros por $500 millones y en total (junto con 2022) la suma ascendería a $1.440 millones. Aunque se sospecha que podría ser mucho más pero eso está en investigación.

En las últimas horas se conoció la noticia de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) suspendió la afiliación de la Liga Sanluiseña de Fútbol por la medida del Gobierno. Esto implica un perjuicio para el deporte local porque ningún club de San Luis podrá en participar competencias, lo que incluye a Juventud y Estudiantes que quedan excluidos de disputar el Torneo Federal A.

Con la intervención, el nuevo Gobierno le sacó el control del club a Alberto Rodríguez Saá que hace lobby ante la AFA para que Ramírez retome la dirección.

 

 

 

 

 

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