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SERGIO FREIXES BUSCA FRENAR LA CAUSA DONDE LO INVESTIGAN POR CORRUPCIÓN CONTRA EL PUEBLO RANQUEL, DONDE ERA EL LONKO CON ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ (H)

Es una causa que investiga la posible comisión del delito de asociación ilícita, y hay más personas de su entorno involucradas, como su esposa y sus dos hijos.

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  Radio Rivadavia

Si no fuera porque un tribunal ahora debe resolver los pedidos de nulidad que hizo la defensa de Sergio Freixes, la audiencia de formulación de cargos ya se habría concretado. El ministro todo terreno de Alberto Rodríguez Saá está cerca de transitar los pasillos del Poder Judicial de Villa Mercedes donde podrían imputarlo por asociación ilícita, aunque el proceso se dilate. Lo que quieren comprobar es que se aprovechó de su rol de funcionario para enriquecerse a costa de los dineros del Estado. Todo sucedió cuando el anterior Gobierno le dio el poder de administrador dentro del Pueblo Ranquel, donde junto a Alberto Rodríguez Saá (h) ambos se proclamaron lonkos.

La investigación surgió cuando en marzo de 2024 el por entonces fiscal de Estado, Víctor Endeiza denunció a Freixes y todo su clan de integrar una asociación ilícita que actuó desde el 21 de abril de 2020 hasta el 27 diciembre de 2023, y que tuvo como finalidad desarrollar “un esquema de maniobras defraudatorias sobre los fondos propios de la Municipalidad del Pueblo Ranquel”.

En estos dos años la investigación se concentró en testimoniales y pericias contables sobre los movimientos bancarios, y ya se encuentra “en una etapa avanzada”, es decir, falta poco para que los acusados rindan cuentas en la Justicia. Al mismo tiempo la defensa de los sospechosos fue presentando nulidades que fueron todas rechazadas, pero que ahora deberán ser resueltas en el Tribunal de Impugnación.

Después de eso el Ministerio Público Fiscal ya estaría en condiciones de llamar a Freixes, que además de funcionario fue senador e intendente, y a otras personas muy cercanas entre los que están su esposa, Viviana Moreira (también ex senadora), y sus hijos Diamela Freixes (hoy intendenta comisionada de Nueva Galia) y Francis Freixes (el año pasado fue imputado por peculado), para formularles cargos por delitos de corrupción. Hay más involucrados en la denuncia, y no trascendió si la conducta de todos se encuadra en el delito o no.

Desde finales de noviembre del año pasado Freixes está detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1, en la ciudad de San Luis. Ahí deberá cumplir una pena de seis años de prisión por obligar a los jueces a firmar sus renuncias de manera anticipada: antes de asumir al cargo para el cual habían concursado.

Freixes tenía un poder especial que le había otorgado el ex ministro de Producción, Juan Lavandeira, para realizar operaciones administrativas y bancarias. Los acusados crearon la sociedad El Relincho S.R.L. y "la utilizaron para la defraudación a la administración pública”. El dinero público que tenían a disposición para el beneficio personal se giraba a dos cuentas en el Banco Supervielle. En una el Gobierno depositaba la coparticipación y Aportes del Tesoro Provincial (ATP), y en la otra se administraban todos los fondos producto de la explotación agropecuaria y venta de ganado de las 66 mil hectáreas que tiene la comunidad.

Como persona ajena a la comunidad Ranquel, con un poder ilegítimo Freixes “se constituyó como administrador de los asuntos agropecuarios de la comunidad y de las cuentas municipales como de las productivas”. Se sostiene en la denuncia que entre abril de 2020 y diciembre de 2023 recibieron $669.696.011,61.

En septiembre de 2023, Freixes y Rodríguez Saá (h) se hicieron nombrar lonkos mediante una asamblea, luego ratificada por una resolución del registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. De este modo quedaron como “responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y su tierra”. Figura en la acusación que hizo Endeiza que cuatro días antes de que termine el Gobierno de Rodríguez Saá, los lonkos se hicieron transferir $50 millones del Tesoro Provincial.

Lo primero que comprobó la Justicia es que en ningún momento hubo una asamblea, y que las firmas fueron recolectadas (casa por casa) inclusive luego de los nombramientos. Lo que creían las personas que rubricaron es que se trataba de una carta para el gobernador.

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