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SUSPENDIERON A LA FISCAL DENUNCIADA POR ROBAR EL DINERO SECUESTRADO EN UN ALLANAMIENTO

El Jurado de Enjuiciamiento dispuso que Daniela Torres perciba el 50 porciento su remuneración.

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  Radio Rivadavia

El Jurado de Enjuiciamiento admitió la formación de causa y suspendió en las funciones a la fiscal de Instrucción N° 2 de Villa Mercedes, Daniela Torres, luego que fuera denunciada por quedarse con dinero secuestrado de un allanamiento.

Mientras dure la medida, Torres percibirá el 50% de su remuneración, informaron.

La resolución fue firmada por Jorge Alberto Levingston, Sandra Elizabeth Piguillem, Gimena Ramírez Couto, Mauricio Secundino Daract, Ernesto Álvaro Rodríguez y Carlos “Charly” Pereira.

Las sospechas sobre el accionar de la funcionaria comenzaron cuando el juez Matías Farinazzo Tempestini le ordenó (el 16 de noviembre del año pasado) que le devuelva el dinero a María Lorena Rodríguez, que le habían incautado cuando allanaron su casa (eran $473.020). Ella es la madre de dos hombres implicados en un delito, Alejandro Rodríguez y Facundo Josué Sosa.

En la audiencia donde se resolvió eso, el magistrado le preguntó a Torres dónde estaba el dinero. Ella contestó que en una cuenta bancaria de la Procuración General, pero después se comprobó que no existía. Para Farinazzo Tempestini, Torres “mintió e incumplió”, refirió esto último porque se dilató la entrega a la damnificada.

Al final, a Rodríguez la hicieron ir a la Comisaría 29º, en horario nocturno, cuando la fiscal ingresó en un móvil por la parte trasera de la depenedencia. En ese lugar le entregaron su plata, aunque no el mismo monto, sino $455.000. Además seis celulares y una Tablet.

El juez advirtió que el proceder de la fiscal fue contrario a la ley y que afectó “el debido proceso, el patrimonio de Rodríguez y la administración de Justicia como valor y bien jurídico protegido”.

Consideró: “Ha procurado que un juez resuelva a su favor basándose en afirmaciones falsas, mintiendo en una audiencia y al día de la fecha no ha dado cumplimiento a la orden de devolver los $473.020 pesos argentinos secuestrados en el allanamiento”.

Tuvo en cuenta que fueron dos hechos “de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El primero “la falta de aplicar el procedimiento previsto en la ley para la guarda custodia y resguardo del dinero secuestrado”, y el segundo por expresar en una audiencia “manifestaciones que no eran ciertas” para obtener una resolución judicial que favorezca “su pretensión”.

Por esto, pidió el apartamiento de esa causa (que se designe a otro fiscal), y la denunció formalmente ante la Procuración General de la Provincia “por la posible comisión de delitos de acción pública”.

Del mismo modo lo hizo ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de San Luis “por su actuar doloso y contrario a la ley configurativo de las causales de remoción previstas en los Art. 22.I.e; 22.I.o; 22.II.e; 22.II.i y 22.V”.

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