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UNA LISTA DEL PERJUICIO PROVOCADO POR SERGIO TAMAYO, NICOLÁS CARPIO, ANDRÉS RUSSO, MATÍAS FOLLARI, MAURO LUCERO Y COMPAÑÍA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Las irregularidades en la gestión arrojaron consecuencias hasta ahora incalculables; el ex intendente y un grupo de funcionarios envueltos en una trama de saqueo y corrupción; las acciones para perturbar la estabilidad de la gestión de Hissa.

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  Radio Rivadavia

El estado en el que se encuentra la Municipalidad de San Luis son la secuela del desempeño de personas como funcionarios públicos. No es un problema ideológico, acá es cuestión de pagar el daño certificado en auditorías e imágenes, constatado por un fiscal en algunos casos y reclamado a través de acciones penales.

A modo ilustrativo: un funcionario le cobró $40 millones en un año a la comuna por el alquiler de su auto particular; una joyería facturó en los rubros de ferretería y mantenimiento más de $20 millones en cinco meses y el mercado municipal gastó más que Transpuntano.

Fue brutal el ingreso en 2019 de Sergio Tamayo a la intendencia como parte inescindible del segundo ciclo de Alberto Rodríguez Saá. Envalentonados por el voto popular que los había consagrado en la Nación, la Provincia, la mayoría parlamentaria y en casi todas las intendencias sanluiseñas hicieron y deshicieron, según se ve ahora, con licencia de impunidad.

En los últimos días el intendente Gastón Hissa recibió un nuevo informe con los relevamientos internos del ruinoso patrimonio heredado y el proceder sacomano ocurrido hasta el 10 de diciembre.

 “La realidad tapa el relato. Encontramos una situación de abandono y de falta de mantenimiento en varias áreas, que nos permite sospechar que había un desvío intencionado de fondos y sobre todo que varios funcionarios no cumplían con los deberes de funcionario público”, es la conclusión del documento que tiene el intendente en el escritorio. Una copia hizo llegar a la Gobernación y el último miércoles lo desmenuzó sobre una pantalla ante el gobernador Claudio Poggi en una reunión en Terrazas del Portezuelo.

“Sin dudas todos estos problemas no nos permiten brindar un servicio adecuado a los vecinos, pero nos comprometimos con el gobernador a trabajar coordinadamente desde las distintas áreas en temáticas comunes para mejorar esta situación con un gran esfuerzo, dedicación y honestidad”, escribió Hissa en sus redes esa misma noche.

El intendente sostiene que Sergio Tamayo es el primer responsable porque estaba al tanto y firmaba los decretos y expedientes que permitían a sus funcionarios usar los recursos públicos “direccionando sumas millonarias a distintos objetivos”.

El principal y más grave delito fue la utilización de la plata de la municipalidad para destruir la infraestructura pública, si no es inentendible el estado en el que se encontró todo. Está convencido Hissa de eso.

En definitiva, las nuevas autoridades tienen la convicción de que Sergio Tamayo y un grupo de colaboradores actuaron como “una banda” dedicada a “endeudar al municipio y direccionar los recursos públicos para beneficiar a amigos y favorecer retornos económicos”.

De hecho a los pocos días de asumir formalizaron una demanda que se va ampliando en la medida que hallan nuevas evidencias.

El Chorrillero de San Luis tuvo acceso al informe y adelanta a continuación algunos pasajes del contenido.

Una lista del daño

| La plata no estaba

El ex intendente fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Tamayo declaró en un medio local que en las cuentas de la comuna estaba el dinero para el pago del aguinaldo y los sueldos de enero, pero el nuevo Gobierno comprobó que “no se encontraron los fondos”.

“No queda otra que sospechar que quiso desestabilizar a la nueva gestión y generar caos para tapar su inoperancia e irresponsabilidad como intendente”, dice en otro párrafo el informe.

| Licitaciones amañadas

Una empresa dedicada a la recolección de residuos demandó a ex funcionarios por direccionar la licitación pública N 33-SSP-2022.

AZAI SRL presentó la oferta más económica para el servicio de desmalezado y limpieza, pero se les otorgó parte de la licitación a ITAR Puntano y Colorado SAS que no habían cumplido con la totalidad de la documentación y son desconocidas en el rubro.

Estas dos firmas resultaron adjudicatarias del servicio a un precio superior al que cotizó la denunciante.

| Parque automotor: contratación directa de autos de funcionarios

El funcionario Manuel Fabián Sosa (subsecretario de Vialidad y Mantenimiento Edilicio) alquilaba su propio vehículo al municipio y se le pagaba mediante adjudicación directa por mes $ 3,6 millones.

El secretario de Gobierno, Andrés Russo y el subsecretario de Parque Automotor, Ricardo  Domínguez Racalbuto tenían justamente bajo su jurisdicción los vehículos. El primero firmaba las contrataciones.

Ambos funcionarios no podían desconocer el desguace que daba lugar al alquiler de vehículos particulares a familiares de funcionarios.

En un año Sosa, que se desenvolvía como Director General de Vialidad, como proveedor embolsó más de $40 millones.

“Claramente la maniobra era beneficiar y direccionar recursos públicos a personas a fines y desmembrar la infraestructura municipal”, se insiste en el informe.

Según estimaciones de la nueva gestión, con el dinero que cobró Sosa se hubiese podido comprar dos o tres unidades.

Denunciados:  Russo y Domínguez Racalbuto

Figuras penales: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

 | Turismo: maniobras grotescas, plata para pilotos y facturas apócrifas

La secretaría de Turismo contrataba empresas de limpieza que no cumplían con el rigor administrativo para prestar el servicio en El Paseo del Padre. Esta tarea la podía hacer el personal municipal.

Según la documentación se registraron maniobras grotescas como contrataciones millonarias para personas que presentaban facturas como monotributistas. Además se verificaron facturas apócrifas.

El organismo hizo contrataciones directas, aportes y subsidios a tres pilotos de autos.

Denunciado: Matías Follari

Figuras penales: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

| Mercado municipal: agujero negro de la corrupción

Gastó más dinero que Transpuntano.

En 2023 unas 40 empresas facturaron más de $900 millones al municipio y en las facturas no se describió qué compraron.

Se realizaron pagos superiores a $90 millones a monotributistas de la categoría más baja y empresas con menos de seis meses de funcionamiento cobraron montos millonarios.

Sucedieron cosas increíbles.

Un ejemplo: una conocida joyería local se dio de alta en la AFIP en los rubros de ferretería y mantenimiento y facturó más de $20 millones en cinco meses.

Se emitieron facturas por materiales eléctricos, luminarias y materiales de construcción que no tenían nada que ver con el objeto del mercado. No se cumplió con los procesos administrativos básicos de transparencia teniendo en cuenta los importes de contratación.

Denunciados: Nicolas Carpio (ex secretario de Hacienda) y Mauro Lucero Pérez (ex secretario de Desarrollo Social)

Figuras penales: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

| Desaparición de material I

El entonces coordinador de Servicios Públicos, Víctor Coria presentó el 14 de noviembre una autorización para retirar baldosas del Corralón Municipal. La nota que le permitía llevárselas estaba firmada por Sergio Tamayo.

Se desconoce el destino del material. Empleados denunciaron el hecho.

Denunciado: Víctor Coria

Figuras penales: hurto, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

| Desaparición de material II

Empleados municipales denunciaron irregularidades.

Identificaron a Manuel Sosa (subsecretario de Vialidad y Mantenimiento Edilicio) como el responsable de las maniobras.

Se compraba hierro y chapas que nunca llegaron al Corralón Municipal.

Citaron casos como la compra de placas de durlok. El 10% de lo que se factura entraba a la comuna.

Funcionario: Manuel Sosa

Figuras penales: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

| Cobro de conexiones clandestinas  

Desde la subsecretaría de Redes y Servicios se autorizaban conexiones ilegales a domicilios particulares y se cobraba.

Denunciado: César Cabrera

Figuras penales: malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

 

 

 

 

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