CORRUPCIÓN: LA JUSTICIA IMPUTÓ A LA EX INTENDENTA DE FRAGA POR MANIOBRAS IRREGULARES CON FONDOS PÚBLICOS
Antonella Gil fue acusada de peculado, falsificación de documentos y uso de documentación falsa. La investigación se originó a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado por presuntas irregularidades en las rendiciones de cuentas durante 2022.
por Julian Pampillón
La ex intendenta de Fraga, Antonella Gil, fue imputada este lunes por una serie de presuntas irregularidades detectadas en las rendiciones de cuentas correspondientes a su gestión al frente del Municipio.
La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, le formuló cargos por los delitos de peculado, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, todos en concurso real, en una causa que se originó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado.
La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos y dispuso una inhibición general de bienes por 180 días. Además, le prohibió salir de la provincia y ordenó que firme el libro de la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes.
La audiencia comenzó con un planteo de nulidad de la defensa. El letrado sostuvo que todavía existe una resolución pendiente del Tribunal de Cuentas y que avanzar con una imputación "vulnera el derecho de defensa y el principio de inocencia".
Sin embargo, Maluf respondió que la existencia de trámites administrativos abiertos no impide el avance de una investigación penal. Finalmente, Banó rechazó el planteo y dio curso a la formulación de cargos.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de noviembre de 2024 por la Fiscalía de Estado, representada en la audiencia por el abogado Juan Trusendi, luego de una auditoría sobre las rendiciones de cuentas del ejercicio 2022.
La fiscal explicó que las presuntas irregularidades se concentran en el tercer y cuarto trimestre de ese año, durante la segunda gestión de Gil al frente del Municipio de Fraga.
Según la acusación, fueron detectados 37 documentos presuntamente falsos entre facturas y tickets utilizados para justificar gastos municipales. La maniobra investigada habría permitido desviar recursos públicos por aproximadamente $19.539.300.
"Actuó de manera fraudulenta. Todos esos documentos falsos eran rendidos para simular la compra de bienes y poder justificar los gastos. Mediante esa rendición ficticia logró desviar y sustraer ilícitamente caudales públicos pertenecientes al erario municipal", sostuvo Maluf al exponer la hipótesis acusatoria.
Uno de los principales respaldos de la investigación son informes elaborados por el Tribunal de Cuentas. Además, durante la pesquisa se tomaron declaraciones y se contactó a los proveedores que figuraban en los comprobantes presentados por la Municipalidad.
"Negaron rotundamente los comprobantes y cualquier tipo de relación comercial con la comuna", afirmó la fiscal.
En el tercer trimestre de 2022 se detectó un presunto perjuicio económico de $11.738.412. La acusación menciona comprobantes atribuidos a Ferretería Signos, Top Garden SRL, Electricidad Alsina SA, Jofer Luis A, Carrizo y Cía SRL, Hierros La Quiaca SRL y tres facturas sin remito de Roca SRL. También se investiga un faltante de caja por el cobro de un cheque de $2.701.000 emitido a favor del municipio.
Para el cuarto trimestre de 2022, la Fiscalía estimó un presunto perjuicio económico de aproximadamente $7.800.900. Entre las operaciones observadas aparecen tickets atribuidos a Oxígeno Unión SA, Imperio Piedras Revestimiento, Suplex SAS y Jofer Sociedad de Hecho. También se investiga una presunta alteración de datos administrativos vinculada al proveedor Arnaldo Sport por la compra de indumentaria deportiva.
"Hubo una total impunidad y un engaño deliberado. Por más que la acusada diga que fue engañada por los proveedores, no existen comprobantes de pago", sostuvo Maluf.
Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó. (Foto: Marcelo Lacerda).
La fiscal también hizo referencia a compras realizadas fuera de la provincia, en Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, sin documentación que acreditara el traslado o la recepción de los materiales.
Según la representante del Ministerio Público Fiscal, los comprobantes investigados eran presentados "para simular la compra de bienes y justificar el uso del dinero", al tiempo que remarcó que la entonces intendenta tenía bajo su responsabilidad "la administración, custodia y control" de los fondos públicos.
Trusendi adhirió a la acusación y sostuvo que los hechos investigados provocaron una afectación al patrimonio estatal.
"Acompañamos a la Fiscalía en todo. Nos detenemos especialmente en que hubo una afectación al patrimonio del Estado", manifestó.
Por su parte, la defensa de la ex intendenta insistió en que la causa tiene un trasfondo político y cuestionó que tanto la Fiscalía como la Fiscalía de Estado impulsen la investigación cuando, según afirmó, aún resta una resolución administrativa definitiva del Tribunal de Cuentas.
Pese a esos planteos, Banó consideró que se encuentran reunidos los requisitos mínimos para avanzar con la investigación y admitió la formulación de cargos en todos sus términos, al entender que se trata de una imputación provisoria.
La causa continuará ahora con nuevas medidas de prueba para determinar si existió una maniobra destinada a presentar documentación presuntamente apócrifa para justificar gastos municipales y establecer las eventuales responsabilidades penales.
CORRUPCIÓN: LA JUSTICIA IMPUTÓ A LA EX INTENDENTA DE FRAGA POR MANIOBRAS IRREGULARES CON FONDOS PÚBL
