LEY DE NARCOTEST: ESTE AÑO SE REALIZARÁN 5.800 ANÁLISIS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El universo está conformado por 12.200 personas, entre las que serán seleccionadas estas 5.800, de las cuales 1.800 son funcionarios de los tres poderes, 2.000 policías (cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Juan Pascual Pringles’ y subofic

Miercoles, 18 Febrero, 2026

Radio Rivadavia

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la provincia implementará la Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Ley del Narcotest. “El comienzo de la toma de muestras de los análisis toxicológicos no va a ser con fecha precisa. Pero sí anticipamos que comenzará a desarrollarse en el curso de este año, con la particularidad que en 2026 se aumentará de manera considerable el universo de personas incluidas en los análisis, que tienen la finalidad de detectar la existencia de consumo de drogas ilegales y, en algunos casos, el eventual exceso de consumo de drogas legales”, refirió en conferencia de prensa el secretario de Ética Publica y Control de Gestión, Ricardo Bazla.

Durante 2026, el universo (es decir, el total de personas contempladas) se ampliará a 12.200: 1.800 funcionarios de los tres poderes del estado, 4.500 policías, 5.250 profesionales de la salud (médicos, enfermeros, camilleros) y alrededor de 650 agentes penitenciarios. Por otro lado, las municipalidades de Merlo y La Punta también implementarán la ley.

De este universo, serán seleccionados 5.800 individuos: 1.800 funcionarios de los tres poderes, 2.000 policías (se incluye en este número a los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Juan Pascual Pringles’ y a los suboficiales que se incorporan a la fuerza y al Servicio Penitenciario Provincial) y 2.000 trabajadores de la salud pública. Van a estar incluidos en los sorteos, que van a determinar el momento en que cada uno tendrá que concurrir a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para la realización de estos análisis, dijo Bazla.

El secretario marcó que esta ley tiene varias particularidades: una es la obligatoriedad. Otra es la aleatoriedad, “que tiene que ver con la forma en que se eligen las y los funcionarios que vamos a concurrir a los análisis, para determinar el orden”. “Todos estamos obligados y, mediante sorteos que periódicamente se van a realizar en la Caja Social, se va a determinar en qué orden vamos a concurrir a realizarnos los análisis”, sumó.

Los sorteos serán semanales, al igual que los exámenes y las tomas de muestras. “En 2025, solamente los realizamos en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la UNSL, en la ciudad de San Luis. Este año va a ser en el mismo laboratorio del año pasado, en Rivadavia 1.359, y en el Hospital Pediátrico en la ciudad de San Luis. Y en la ciudad de Villa Mercedes en dos laboratorios dentro del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón'”, puntualizó.

Bazla dijo que no se puede estar, como funcionario público, “de los dos lados del mostrador” y que esta ley sirve “para garantizar la idoneidad del personal en el ejercicio del cargo”. Puntualizó que, del total de pruebas realizadas el año pasado, que fueron 1.909, en 48 casos dio positivo, 40 por exceso de drogas legales y 8 por consumo de drogas ilegales. Respecto a los casos específicos dentro del Poder Ejecutivo, hubo 3 positivos, 2 por marihuana, justificados por tratamientos médicos con la acreditación de consumo de aceite de cannabis y con autorización para el cultivo. Y ese único caso de consumo de cocaína, el Gobernador dictó el cese, detalló.

Sobre los costos del análisis, dijo que está a cargo de cada funcionario y que tiene un valor de $27.000. En caso de optar por hacer la contra muestra, a ese estudio lo hace la Universidad de Buenos Aires, y tiene un valor de $141.000, que también corre por cuenta de cada funcionario.

Respecto a la determinación del nivel de toxicidad y de adicción, esto es tarea de especialistas del Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), que coordina Darío Pantano. Cuando el resultado del estudio de un funcionario público da positivo, el centro determina la estrategia de contención adecuada. Además, se pueden tomar otras medidas, como la licencia de funcionario, la suspensión hasta su recuperación o cese, informó Bazla.

El decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, Sebastián Andújar, también participó de la conferencia. Dijo que los análisis se realizan dentro del marco de normativas internacionales. Se toma muestra de orina después de que la persona haya consumido suficiente cantidad de agua, para facilitar el depósito. Se constata que fue recolectada de buena forma. Se hace el análisis presuntivo, por parte de bioquímicos matriculados. En una semana el resultado se debe informar a la autoridad de aplicación.

Recordó que las personas llenan una declaración jurada, en la que en ningún momento se coloca su nombre, para preservar su identidad. “Hay un anonimato de la persona y eso se mantiene a lo largo de todo el proceso”, afirmó. Solo debe indicar si consume algún medicamento o no, es decir, si está bajo algún tratamiento médico (por ejemplo, tratamiento con pastillas por insomnio). Delante de la persona, el bioquímico divide el líquido en dos frascos. “Se genera un código de barras, que es único y que se vincula a ese número de orden que tiene la persona”, explicó Andújar sobre el proceso previo al análisis químico y bioquímico.

Luego, mediante tiras reactivas se hace el análisis presuntivo, mediante el escaneo de las 10 sustancias que se deben chequear por ley, entre ellas, sustancias legales (por ejemplo, benzodiacepinas), e ilegales, como cocaína, marihuana u otras drogas sintéticas.

En caso de dar positivo, la persona puede solicitar la confirmación de ese resultado, un estudio con muy alta precisión, que se hace en San Luis. Y si da de nuevo positivo, se hace la contra muestra, en la que se estudia el contenido del segundo frasco. El estudio se hace en la UBA, por convenio.

Andújar marcó que cinco provincias más están aplicando esta ley, algo que valoró como positivo. Han tenido consultas por la parte técnica y resaltó el trabajo realizado por el equipo a cargo de Pablo Guerriero en cuanto al sistema, que permite el anonimato de las personas a las que se les realiza el análisis. “San Luis es pionera en este tipo de ley”, dijo Bazla, quien también aseveró que han recibido consultas sobre ella.