UNA FISCAL NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE UNA DENUNCIA CONTRA UN EXFUNCIONARIO
La fiscal –nombrada pocos días antes de la salida de Rodríguez Saá de Gobierno- no quiere que se siga investigando la presunta apropiación de una cuenta institucional del Estado ahora en manos de particulares. Su actuación quedó en el centro del debate po
La causa judicial por la presunta apropiación de una cuenta institucional de la Secretaría de las Juventudes sumó un nuevo capítulo y desplazó el foco del conflicto hacia la actuación del Ministerio Público Fiscal. En particular, hacia el rol de la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera, cuya intervención comenzó a ser cuestionada por la escasa actividad investigativa desplegada en el expediente. Y su negativa a seguir investigando la responsabilidad de ex funcionarios de Rodríguez Saá.
El caso se originó tras la denuncia por la transformación de una cuenta oficial de Instagram —creada en 2017 para difundir políticas públicas— en el canal privado de streaming “TUKI TV”, luego del cambio de gestión provincial. La cuenta había sido administrada durante años por funcionarios estatales y acumulaba comunidad, historial e interacción con ciudadanos, lo que la coloca dentro de la discusión sobre los activos digitales del Estado.
La primera respuesta del Ministerio Público Fiscal fue desestimar la denuncia. El dictamen firmado por la fiscal adjunta Nassivera sostuvo que no se había acreditado que la cuenta actual perteneciera al Estado y que podía tratarse de la creación de un particular en ejercicio de su libertad de expresión.
Sin embargo, la jueza de Garantías N.º 4, Luciana Paola Banó, rechazó esa postura. En una resolución que introdujo un concepto clave, definió los activos digitales institucionales como parte del patrimonio público y como un servicio que el Estado debe supervisar y administrar. Por ese motivo consideró prematuro cerrar la investigación y ordenó que la causa continúe.
Lejos de impulsar nuevas medidas de prueba, la fiscal adjunta Quiroga Nassivera decidió apelar la resolución de la magistrada. Su planteo sostiene que la continuidad de la investigación resulta perjudicial para el Ministerio Público Fiscal.
Ese movimiento procesal encendió las críticas más fuertes: durante toda la etapa inicial de la causa, la producción de prueba habría sido impulsada principalmente por Fiscalía de Estado —con pedidos de oficios, informes y pericias—, tareas que por diseño institucional corresponden al propio Ministerio Público Fiscal.
En el sistema penal argentino, la fiscalía tiene la obligación de promover la investigación y reunir evidencia cuando se denuncian posibles hechos que involucren patrimonio estatal. Por eso, la frase incluida en el dictamen —“la denunciante no ha acreditado”— se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del expediente.
La discusión adquirió además una dimensión política e institucional. Alejandra Quiroga Nassivera asumió su cargo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, 40 días antes del cambio de gobierno del 10 de diciembre de 2023. Ese dato alimenta cuestionamientos dentro del ámbito judicial y político, donde se sostiene que la falta de impulso investigativo podría terminar beneficiando a exfuncionarios de la administración anterior señalados en la denuncia.
La jueza Banó, al ordenar que la causa continúe, dejó planteado el eje central del conflicto: determinar si la cuenta institucional constituye un activo digital estatal y, en consecuencia, si pudo existir una apropiación indebida tras el cambio de gestión.
La apelación presentada por la fiscal adjunta ahora abre una nueva instancia judicial que definirá si la investigación avanza o vuelve a frenarse. Mientras tanto, el expediente dejó de girar únicamente en torno a una cuenta de Instagram para transformarse en un debate más amplio sobre la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en la protección del patrimonio digital del Estado.
UNA FISCAL NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE UNA DENUNCIA CONTRA UN EXFUNCIONARIO
