VECINOS DE SANTA ROSA MARCHARÁN CONTRA LA JUEZA QUE LIBERÓ A UN FEMICIDA
La conmoción por el brutal ataque a una niña en el paraje Los Peros, a pocos kilómetros de Santa Rosa del Conlara, derivó en una respuesta social que crece con fuerza. Vecinos convocaron a una marcha pacífica para este 25 de enero, con un reclamo central: la destitución de la jueza Nora Graciela Villegas, quien otorgó la libertad condicional al agresor, un hombre condenado a prisión perpetua por femicidio.
La convocatoria, que se viralizó en redes sociales bajo la consigna “Marchamos pacíficamente por Emma”, fija como punto de encuentro la Plaza Pringles a las 19 horas. El mensaje es claro y directo: “El pueblo pide la destitución de la jueza Nora Graciela Villegas” y “más control y seguridad en nuestro pueblo”.
La indignación no surge de un hecho aislado. El atacante, Diego Domingo Ponce, había sido condenado por el asesinato de su pareja, Laura Natalia Chirino, de 17 años, en 2002. Pese a esa condena a prisión perpetua, recuperó la libertad de manera condicional en octubre de 2025 por decisión de la jueza de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial. Apenas tres meses después, volvió a atacar, esta vez a una niña, que permanece internada en un centro de alta complejidad en Córdoba.
Para los vecinos de Santa Rosa, el caso expone con crudeza el funcionamiento de lo que describen como una “puerta giratoria judicial”, en la que decisiones judiciales desligadas del impacto social terminan habilitando nuevas tragedias. La marcha no sólo apunta a un nombre propio, sino a un modo de administrar beneficios penitenciarios que, sostienen, desprotege a la comunidad. En sentido se expresó el concejal Luis Ferreyra en diálogo con DePolítica. «Creemos que va a ser una marcha con gran participación de los vecinos», dijo.
El reclamo también se apoya en antecedentes que refuerzan el cuestionamiento público a la magistrada. En los últimos años, la jueza Villegas fue señalada por otorgar salidas transitorias y permisos extraordinarios a condenados por delitos graves, decisiones que en algunos casos fueron apeladas o generaron controversia institucional.
En ese contexto, la movilización del 25 de enero se plantea como una expresión colectiva de hartazgo. No se trata únicamente de acompañar a la familia de la víctima, sino de exigir responsabilidades políticas e institucionales frente a una decisión judicial que, para gran parte de la sociedad, tuvo consecuencias directas y evitables.
Con una niña internada y un agresor nuevamente detenido, la pregunta que atraviesa a Santa Rosa del Conlara no es abstracta ni jurídica. Es concreta: quién responde cuando una decisión judicial permite que un condenado por femicidio vuelva a atacar.
VECINOS DE SANTA ROSA MARCHARÁN CONTRA LA JUEZA QUE LIBERÓ A UN FEMICIDA
